­La empresa Seprotec Multilingual Solutions, que mantiene el servicio de los intérpretes de lenguaje de signos para alumnos sordos en Andalucía, tras ganar el concurso público convocado por la Junta de Andalucía hace dos años, se defiende de las acusaciones del colectivo y asegura que la información ofrecida sobre el salario que estos profesionales perciben por su trabajo «es completamente falsa».

Fuentes de la compañía, con sede en Barcelona, se pusieron ayer en contacto con La Opinión de Málaga para desmarcarse de las críticas efectuadas por los intérpretes, que el miércoles por la tarde celebraron una asamblea en el IES Politécnico Jesús Marín, para denunciar sus «pésimas condiciones laborales». «Es un tema político», insistían ayer las fuentes de Seprotec, quienes aseguran que los detalles del contrato «son públicos y están en el BOE». En este sentido recordaron que los 18 euros la hora a los que hacían referencia los portavoces del colectivo «es el precio máximo de licitación», pero que la Junta paga a la empresa 12,69 euros la hora y que Sepotrec, a su vez, paga a sus empleados 10,98 euros la hora. «Es incierto que cobren menos de cuatro euros», explicaron las fuentes.

¿Dónde van los casi dos euros de diferencia? Según Seprotec, a gastos de gestión, llamadas telefónicas, cobertura de bajas, maternidad, ect. «Estas quejas de los intérpretes son más bien contra la Administración y a nosotros nos ha pillado en medio», aseguran en la empresa, que a día de hoy aún no tiene claro si optará de nuevo a renovar la concesión cuando la Junta convoque un nuevo concurso público este verano. «Habrá que ver las condiciones», explicaron.

Además, recordaron a los profesionales que anteriormente sí que estaban en precario, «porque tenían un contrato por obra y servicio, que la anterior empresa cortaba en junio y renovaba en septiembre, para no pagar el periodo vacacional, mientras que Seprotec les hizo indefinidos», concluyeron.

Los intérpretes exigen a la Consejería de Educación «que cumpla con su compromiso de 2007 de hacerles personal laboral, sin externalizar el servicio».