El conflicto vecinal en el barrio de Ardira, en la Carretera de Cádiz, continúa, esta vez con una decisión judicial. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga falló el 11 de mayo a favor de la asociación de vecinos de Ardira, que recurrió la expulsión por el Ayuntamiento de un local municipal que tenía cedido en la calle Alcalde José María Corona número 10 en octubre de 2013.

El juzgado declara «nula y sin efecto» la resolución municipal de expulsión por no llevar el respaldo de una norma legal y recuerda que la revocación del uso del local tiene que venir autorizada «por normas de derecho positivo». Además cita jurisprudencia para recordar que la administración no tiene «poder ilimitado de revocar a su libre voluntad».

María Josefa García, vicepresidenta de la asociación de vecinos de Ardira, comentó el pasado miércoles a La Opinión que la decisión de recurrir la expulsión se debió «al verse nuestro honor manchado sin comerlo ni beberlo ni cometer delito alguno».

Con respecto a las consecuencias de la sentencia, el secretario vecinal Antonio Ávila señaló que pedirán al Ayuntamiento «que restaure de nuevo la cesión, como dice el juzgado y la asociación vuelva a su cauce normal» y recordó que la asociación tiene cedidos «los tres espacios del local». Desde el verano pasado el Ayuntamiento ha dividido en dos el local: dos espacios los ocupa la asociación cultural Nueva Ardira y el tercer espacio, separado por una pared y con entrada independiente, lo tiene la asociación de mayores de Ardira. Antonio Ávila recordó que, antes de la expulsión, la asociación de vecinos tenía los tres espacios diáfanos y el tercero lo ocupaba por acuerdo vecinal la asociación de mayores.

«Vamos a exigir que se cumpla la sentencia, la idea de ir a juicio y costarnos dinero era tener la tranquilidad de saber que no éramos tan malos como el Ayuntamiento decía y poder volver a ser una asociación», añadió.

Finalmente, el Ayuntamiento expulsó a la asociación en octubre de 2013 y cedió dos de los tres espacios en junio de 2014 a la asociación cultural Nueva Ardira, mientras el tercer espacio, separado por una pared, seguía siendo usado por la asociación de mayores. La expulsión provocó las protestas de los dos grupos de la oposición -PSOE e IU- así como de la federación vecinal Solidaridad cuyo presidente, Francisco Santos, declaró en octubre de 2013 a este diario que «el Ayuntamiento cede un local pero no para fiscalizar».