Dos personas relacionadas con una misma empresa a la que se le concedió una subvención para cursos de formación y que están siendo investigadas en el caso Edu defendieron ayer ante el juez instructor que cumplieron con los requisitos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que investiga el caso Edu sobre supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación, los citó ayer para tomarles declaración.

Los declarantes están relacionados con una empresa que impartió un curso de servicio de bar y cafetería, de abril a septiembre de 2011 y se le concedió una ayuda de algo más de 60.000 euros.

Los imputados coincidieron en que la Junta de Andalucía no inspeccionó los cursos, que los profesores estaban cualificados y que cumplieron todos los requisitos exigidos, entre ellos la contratación de alumnos.

Hasta el momento, el juez ha enfocado las preguntas a los investigados a cuestiones relacionadas con la gestión del curso, la cualificación de los profesores y la solicitud y control de los cursos.

Unas trescientas personas, entre ellas alumnos, profesores y empresarios, todas ellas relacionadas con las empresas y los cursos impartidos en la primera convocatoria, de diciembre del 2010, investigada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tendrán que comparecer ante el juez instructor. También serán citados los responsables y funcionarios encargados de conceder las ayudas aunque según las fuentes consultadas previsiblemente estas citaciones serán de las últimas para que el juez instructor tenga sobre la mesa las declaraciones de testigos y supuestos beneficiarios.

Esta primera fase del caso Edu, que investiga el presunto fraude en los fondos de formación para desempleados, se ha dividido en dieciséis piezas separadas, aunque las diligencias se centran en diecisiete empresas, ya que dos de ellas se han agrupado en una misma pieza separada por tener vínculos.

El juez instructor también ya tiene en su poder la investigación de la segunda parte de las pesquisas, la denominada Edu Costa, y que afecta a diez empresas en Málaga.