Tras cuatro años de litigio, la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) se ha anotado una victoria judicial en su lucha contra las «cláusulas abusivas» que, a su juicio, imponen algunas empresas públicas a la hora de licitar obras. Según anunció ayer este colectivo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que estima todas las reclamaciones de la demanda contencioso-administrativa interpuesta en su día por la ACP contra el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga por el pliego de condiciones donde se licitaron, a inicios de 2011, las obras del actual Centro de I+D y Actividades Innovadoras.
La sentencia no tiene consecuencias prácticas sobre esta infraestructura ya que el emblemático edificio de oficinas, cuyas obras fueron adjudicadas a Ferrovial Agromán, está ya construido pero la ACP cree que el fallo servirá ahora de «respaldo» frente a futuros casos de «discrecionalidad» en los pliegos por parte de empresas de capital público que tratan de eludir los requisitos que la Ley de Contratos establece para las administraciones públicas. «Nos encontramos ante el que creemos que es el primer procedimiento judicial a nivel nacional que empieza a clarificar las libres interpretaciones que algunas empresas públicas estaban haciendo de la Ley», dijo la secretaria general de la ACP, Violeta Aragón, que añadió que no cabe ya recurso contra el fallo.
El pliego de condiciones, publicado por el PTA con un importe de licitación de 11 millones de euros, exigía a las firmas interesadas estar en posesión de once subgrupos de clasificación como contratistas de obra pública, y figurar en todas ellas con la máxima categoría posible. Esta compleja disposición es otorgada por el Ministerio de Hacienda y sirve para delimitar qué obras puede hacer una empresa en función de su capacidad técnica y económica. Para la ACP, estas condiciones, anuladas ahora por el fallo, restringían «enormemente» la competencia y perjudicaban a las pequeñas y medianas empresas del sector. «Hacían imposible que las pymes de la construcción, con plena capacidad de ejecutar las obras, pudieran acudir a la licitación, porque eran exigencias superiores a las establecidas en la Ley de Contratos y que sólo podían cumplir las grandes empresas constructoras», explicó Aragón.
La sentencia, a la que también ha tenido acceso este periódico, señala en concreto que hay una «notable desproporción» entre la cuantía de la obra y las exigencias requeridas en estos apartados.
El pliego imponía además una limitación expresa, también anulada por el fallo, que impedía a una firma que no cumpliera estos requisitos concurrir en UTE con otra que sí lo hiciera. De igual modo, anula la escala de tipos que incluía el pliego en caso de morosidad por parte del contratante, de forma que a mayor cantidad impagada pendiente de liquidación, menores eran los intereses. Aragón dijo que la sentencia define esta cláusula como «abusiva al infringir la Ley de Morosidad, favoreciendo de modo injustificado al ente contratante en perjuicio de la contratista».
La secretaria general de la ACP añadió que el único objetivo al emprender este «tortuoso» proceso judicial fue «defender los derechos» de las pymes y contar con «precedentes que eviten circunstancias similares en el futuro».
«En ningún caso se pensó en obtener lucro alguno del resultado del procedimiento, ni en perjudicar los plazos de ejecución ni en señalar a una empresa o ente licitador concreto», afirmó. También dijo que el TSJA trató en un principio de inhibirse de juzgar el caso el tratarse de empresa pública y no propiamente de una administración pero el Tribunal Supremo obligó a que se viera el proceso, con el resultado ahora conocido.
«Habrá que mejorar nuestros pliegos». El director general del PTA, Felipe Romera, afirmó ayer a este periódico que acatan la sentencia y que las próximas obras que liciten atenderán a lo que dicta el TSJA. «El tribunal ha dicho que no está de acuerdo con los criterios que pusimos en su día y lo aceptamos. Tendremos que mejorar los pliegos de condiciones para las futuras obras. Es nuestra obligación», dijo.
