El próximo 16 de junio los trabajadores de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social están llamados a las urnas para elegir el comité de empresa, un órgano que en los últimos años ha vivido varios enfrentamientos entre los distintos sindicatos que lo componen. Según ha podido saber este periódico, la presidenta del comité de empresa de Igualdad y Bienestar Social de la Junta en Málaga, María Luisa Rodríguez Reiris, vuelve a presentarse tras dos condenas por vulneración de derechos sindicales y un acuerdo en sala por la misma causa. La última sentencia, con fallo del 22 de mayo, la condena a abonar 6.000 euros por no celebrar reuniones bimensuales, tal y como marca el reglamento de funcionamiento del comité de empresa -aprobado por los miembros del comité- y por incumplir una sentencia anterior.

La presidenta de la junta de personal lo ha sido durante al menos diez años con UGT y en todos los mandatos con mayoría absoluta. Sin embargo, este sindicato la expulsó hace unas semanas y en esta ocasión presenta la candidatura con una agrupación de trabajadores que ella encabeza. Según distintas fuentes, para la consecución de avales ha habido presiones e irregularidades pues, según varios trabajadores, la mesa electoral coordinadora se ha negado a facilitarlos al resto de sindicatos que concurren.

Tanto la presidenta como UGT han sido condenados en dos ocasiones tras las denuncias de USTEA y CSIF -en 2009 y 2015- por no celebrar las reuniones con el resto del comité y sí hacerlo con una junta permanente en la que sólo estaba su personal de confianza. A modo de ejemplo, entre los años 2007 y 2008 sólo hubo dos reuniones del total de quince que debía haber habido y, en el siguiente mandato, tampoco cumplió la norma pese a haber sido condenada en 2009 a celebrarlas, además de pagar al denunciante 3.000 euros. En 2013 sólo se celebraron dos.

Según las fuentes, la falta de convocatorias en ambas legislaturas ha ocasionado que se bloquee el funcionamiento del órgano y que numerosas decisiones, como acciones relativas a la bolsa de sustituciones, se tomen sin el resto de sindicatos, por lo que se podría haber incurrido en irregularidades. Este periódico contactó ayer con UGT, sindicato al que estaba afiliada, y aunque no quiso hacer declaraciones, sí informó de que han aplicado el código ético y que su asesoría jurídica estudia la situación.