Una semana después de conocerse el caso del niño de Olot contagiado de difteria y hospitalizado en estado grave por no haber sido vacunado por sus padres la polémica sigue. Los movimientos antivacunas siguen exponiendo sus motivos mientras denuncian estar siendo perseguidos por la sociedad y aquellos que sí apuestan por vacunar a sus hijos, tal y como marca el calendario vacunal, han pedido que sea obligatorio.
Ayer, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, dejó claro que no es partidario de establecer la vacunación infantil obligatoria. Así, recordó que en España la vacunación se asienta en un sistema de recomendación, fijado dentro del Calendario vacunal infantil y basado «en el compromiso y la responsabilidad social de los padres». Alonso señaló que el sistema en el que se basa España ha permitido llegar a niveles de vacunación casi del 97%, un dato por encima de países donde la vacunación es obligatoria.
Además, el ministro destacó los avances realizados en los últimos años especialmente unificando el calendario vacunal, y afirmó que lo ocurrido al niño de Olot «enseña mucho a todos». «Las vacunas salvan vidas. Es muy importante que todos nos responsabilicemos en esto», apuntó. Mientras tanto, una petición en la plataforma social change.org empieza a tomar fuerza. En sólo una semana lleva más de 47.800 firmas de personas que exigen que el calendario vacunal en los niños sea de obligado cumplimiento. «El incumplimiento del calendario de vacunación, aunque sea por una parte muy pequeña de la sociedad, supone un gran riesgo para la salud colectiva. Si la cobertura vacunal de una población desciende por debajo del 92% de la población (que es el porcentaje que otorga inmunidad de grupo) hay probabilidades de brotes o epidemias, y en varias enfermedades ya lo hemos conseguido. Así, enfermedades que estaban en vías de ser erradicadas en España, como el sarampión, están resurgiendo y cualquier ‘brecha’ puede dar lugar a situaciones como las del menor contagiado de difteria, con el riesgo que supone para la población que le rodea», reza la petición, dirigida al Ministerio de Sanidad, al Congreso de los Diputados y a las comunidades autónomas.
Aunque la petición la ha iniciado un médico, el presidente de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Serafín Málaga, cree que instaurar la obligatoriedad de vacunar a todos los niños españoles no está justificado. «Nosotros estamos obligados a informar a la sociedad; los padres tienen la libertad de decidir», destacó el pediatra, que apuntó que los profesionales deben esforzarse aún más en ofrecer una información veraz a las familias y desmontar toda esta «patraña» que han formado los grupos antivacunas pues, destacó, no existe ninguna controversia dentro del mundo científico sobre la idoneidad de la vacunación. Sobre estos grupos, criticó que lo que hacen es que los niños no vacunados se beneficien de los que sí. «Pero vemos que esto puede fallar, como hemos visto que ha pasado con la difteria, y que ha pasado con la varicela, con el sarampión, etc».
En Andalucía, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en funciones, María José Sánchez Rubio, ha apostado por aplicar un calendario de vacunas que sea compartido en todo el territorio español sin fronteras dentro del país. «Tiene que ser un calendario para todo el país y que se aplique», arguyó la titular de Salud, que cree que hay que establecer en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, pero previamente con los equipos específicos de salud pública y en materia de vacuna, un calendario de vacunas, que hay que aplicarlo y cumplirlo, «como una protección y una garantía para los hijos».
Aunque tampoco se mostró de acuerdo con que sea obligatorio, sí subrayó que es importante que las familias se conciencien. «Es mucho más importante que la gente y los padres tomen conciencia de la importancia que tienen las vacunas para prevenir posibles enfermedades. Muchas de ellas que se entienden que están absolutamente erradicadas vemos que de pronto dan la cara y al final nos podemos encontrar con situaciones de esta complejidad», apuntó Sánchez Rubio en relación a que hacía más de 30 años que no se daba un caso de difteria en España.
Preguntada por la aplicación de posibles sanciones, recordó que en estos momentos no están establecidas, pero señaló que una vez que ocurre algo que puede poner en riesgo la salud pública de otros niños o personas de la comunidad, entonces se actúa de forma diferente. «El juzgado sí puede forzar una vacunación cuando hay riesgo, algo que se hace y se ha hecho hace unos años».
