Sacar a la luz las bolsas ocultas de víctimas de delitos de odio a la diferencia, personas que no denuncian por miedo. Así se expresó ayer la fiscal especialista en el tema en Málaga, María Teresa Verdugo, y ése es el objetivo del servicio de atención jurídica gratuita que el Colegio de Abogados pone en marcha para quienes han sido objeto de agresiones, escarnio, injurias y acoso por tener una orientación o identidad sexual distinta a la heterosexual, por ser inmigrante, profesar una religión no mayoritaria, ser indigente, discapacitado, mujer o, incluso, por motivos políticos. Sólo el 10% de los afectados denuncia, precisó la fiscal en la rueda de prensa de presentación de este servicio
Así, cualquier persona que se considere víctima de una de estas situaciones puede escribir a victimasdeodio@icamalaga.es y hacer preguntas, aclarar dudas o pedir información acerca de cómo, dónde y cuándo denunciar. Abogados especialistas en este tipo de asuntos, penalistas todos ellos, les atenderán. El principal problema de estos casos es que no se conocen y ahora es cuando salen a la superficie. En Málaga, se cometieron en 2014 una veintena de delitos de esta naturaleza, la mayoría contra discapacitados. Pero a todas luces ese dato es un porcentaje mínimo. «Los delitos de odio están saliendo a la luz porque han estado mucho tiempo en la invisibilidad. En los últimos años, hay una especial sensibilidad al respecto, y por eso, para proteger a los colectivos más vulnerables, estas víctimas pueden conocer sus derechos y hacerlos valer a través de esa cuenta», explicó Rosario Alises, coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del colegio.
El decano de los abogados malagueños, Francisco Javier Lara, señaló que en España sólo hay cincuenta fiscales de Odio. «Este servicio es pionero en este país, pero recordamos que ya hay un protocolo de actuación entre la Fiscalía y la Policía, aunque lo básico es la formación. El año pasado hubo 1.285 delitos de odio, pero el 90% no se denuncian», reflexionó.
La fiscal María Teresa Verdugo, especialista en el asunto, señaló que es complicado saber qué es un delito de odio y darle a su vez el cauce adecuado, «pero la unificación de esfuerzos es vital para que haya más sensibilidad». Puso como ejemplo que una denuncia relativa a uno de estos delitos debe estar redactada de una forma más técnica, y así también se podrá seguir todo el trámite desde su génesis hasta el juicio. Hasta hace dos años ni siquiera había datos de delitos de odio. Verdugo habló de una veintena en Málaga durante 2014, pero aseguró que son muchos más. «Las personas necesitan información por un canal especializado», aclaró.
Todos coincidieron en que lo esencial es que policías, fiscales, jueces y abogados reciban formación al respecto, dado que una aparente agresión puede esconder detrás una motivación de odio al diferente.
Alises, por su parte, insistió en que el miedo hace que muchas víctimas se retraigan. «Yo trabajo mucho con el colectivo LGTB, y algunas víctimas de estos delitos no quieren visibilizarse; en cuanto a los sin hogar, muchos de ellos tienen trastornos mentales por drogas o alcohol y no denuncian porque no están integrados en la sociedad; otras veces no se denuncia por parte de los inmigrantes irregulares», indicó. Por ello, insistió en que es vital firmar convenios con colectivos, fundaciones e instituciones, de forma que éstos acerquen las denuncias a los órganos policiales y judiciales.
«Muchos delitos pasan inadvertidos. De cada diez personas que sufren una agresión denuncian una o ninguna. Hace dos años no había ni estadística, por lo que hay que tratar de que estos hechos se denuncien y que tengan un tratamiento adecuado», precisó la fiscal Verdugo.
El comisario de la Policía Nacional en Málaga, Pedro Garijo, explicó que lo principal a la hora de desarrollar una investigación es saber el porqué de lo sucedido pues tras el móvil se encierra la motivación relativa al odio al diferente. Indicó que, en uno de los casos acaecido en otra ciudad, lo que en un principio parecía odio a una persona indigente resultó ser una reyerta entre dos individuos sin hogar, de ahí la dificultad de determinar la agravante que vehicula el hecho criminal.
Las víctimas tipo son mujeres de entre 26 y 40 años. La capital de la Costa del Sol, por otro lado, es la cuarta ciudad con más ilícitos contra personas con discapacidad. En su mayor parte, estos delitos se cometen en viviendas, en la calle y en bares.
