Una persona relacionada con una empresa a la que se le concedió una subvención para cursos de formación y que está siendo investigada en el caso Edu defendió ayer ante el juez instructor que cumplió con los requisitos.
El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que investiga el caso Edu sobre supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación, la había citado ayer para tomarle declaración.
La declarante está relacionada con una entidad empresarial sin ánimo de lucro a la que se le concedió una ayuda de 98.900 euros para un curso de programador de aplicaciones informáticas para quince alumnos y que se impartió completamente en Coín y que al finalizar contrataron a siete.
La mujer era administradora de la entidad, así como presidenta y monitora e insistió en distintos momentos de su declaración en que actuaron dentro de la legalidad.
También relató que con este curso de formación no sólo no se enriquecieron sino que tuvieron pérdidas y que no acudió ningún inspector de la Junta de Andalucía para supervisarlo.
El pasado 16 de junio otras tres personas relacionadas con la misma empresa mantuvieron la misma línea y aseguraron que el curso de programador se impartió completamente.
Los declarantes también coincidieron en que no acudió ningún inspector de la Junta de Andalucía, pero que ellos daban cuenta por internet a través de un programa informático. En este procedimiento ya han comparecido ante el instructor algo más de una veintena de personas relacionadas con seis empresas.
