Urbanismo

El Tribunal Supremo tumba uno de los proyectos estrella de De la Torre

Anula el plan para 3.000 casas de lujo y un campo de golf en Churriana al no estar garantizada el agua

01.07.2015 | 02:10
En el centro de la imagen aérea, la finca de Rojas Santa Tecla, cuyo desarrollo ha anulado el Supremo.

El Supremo desmiente al alcalde

  • Cuando el TSJA emitió una sentencia anulando el plan parcial de Rojas Santa Tecla por no existir ningún informe preceptivo que garantizase el abastecimiento de agua suficiente, el alcalde, Francisco de la Torre, restó importancia al fallo del tribunal andaluz y argumentó que existe un informe hídrico de la Agencia Andaluza del Agua que, a su juicio, demostraba que la ciudad contaban con suficiente agua para cubrir las necesidades hídricas del crecimiento urbanístico. Pero el Supremo ha dejado claro en su sentencia que «el informe evacuado no contiene pronunciamiento alguno sobre los recursos hídricos disponibles ni garantiza las nuevas demandas».

El Tribunal Supremo ha tumbado uno de los grandes proyectos turísticos previstos por el Ayuntamiento de Málaga al anular definitivamente el plan parcial de la zona de Rojas Santa Tecla, un espacio de más 1.500.000 metros cuadrados en Churriana, en el límite con Torremolinos, donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) diseñaba el proyecto denominado Bahía Golf, una macrourbanización de lujo para levantar hasta 2.847 viviendas y la edificación de un campo de golf de 18 hoyos, con una ampliación de otros 9, si bien estos últimos serían ya en terrenos de Torremolinos, que estaría sustentado en una inversión superior a los 300 millones de euros.

El Tribunal Supremo anula el plan por la misma razón que en 2013 lo había anulado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA): no existe ningún informe por parte de la administración hidrológica competente» que garantice que la zona cuenta con los recursos hídricos suficientes para abastecerse de agua con garantías.

En este caso, según la sentencia, existe un informe emitido por la Agencia Andaluza del Agua, a solicitud de la administración urbanística de 1 de julio de 2005, «pero, más allá de ello, dicho informe no contiene pronunciamiento alguno sobre la suficiencia de los recursos hídricos en los términos legalmente prevenidos y, por tanto, resulta insuficiente para satisfacer las exigencias requeridas por la normativa aplicable», señala la sentencia, que de manera aún más determinante añade que «sin dificultad de ninguna clase, se observa que el informe evacuado no contiene pronunciamiento alguno sobre los recursos hídricos disponibles y, menos aún, garantiza su suficiencia con vistas a satisfacer las nuevas demandas que indudablemente habrán de surgir del desarrollo de la nueva ordenación prevista por el plan especial».

Dicho plan especial fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Málaga en abril de 2009 y contó entonces con el apoyo del PP, la abstención del PSOE y el voto contrario de IU, y se convirtió entonces en una de las más complejas historias de la gestión urbanística de la capital, toda vez que tuvo que ser sometido al informe sectorial vinculante de casi una decena de organismos públicos, entre ellos el de Aviación Civil, que se demoró unos tres años y especialmente de la Confederación Hidrográfica del Sur (luego Agencia Andaluza del Agua). La sentencia supone un varapalo importante a uno de los proyectos privados defendidos con más ahínco por el alcalde, Francisco de la Torre, que lo ha presentado en algunos de los eventos turísticos más importantes.

El plan parcial de la zona fue llevado a los tribunales por varios particulares y propietarios de la zona. En 2013 el TSJA se pronunció dando la razón a estos demandantes y anulando la aprobación del plan al no contar con informes suficientes que garantizase el abastecimiento de agua a la zona, una vez desarrollada residencialmente.

La sentencia del TSJA fue recurrida en casación por el Ayuntamiento de Málaga y algunos propietarios con el resultado de la sentencia que ahora acaba de ver la luz por la sección quinta de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

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