ACP

Los constructores denuncian un nuevo bajón de obra pública en el año electoral

Las licitaciones caen un 27% al primer semestre y podrían marcar mínimos históricos tras el «espejismo» de 2014, cuando la inversión subió un 80% para culminar proyectos de legislatura

03.07.2015 | 05:00
El presidente saliente de la ACP, José Prado, ayer antes de ofrecer el balance de construcción.

El 54% de los pisos los compran extranjeros

  • En el campo de la promoción residencial, la ACP aseguró que, un año más, que son las compras de viviendas por parte de extranjeros las que mantienen activo el mercado, que en lo que va de año arroja una subida del 13%. Prado, recordó que el 54% del total de las viviendas que se vendieron el año pasado en la provincia fueron adquiridas por extranjeros mientras el colectivo de compradores malagueños, cuya demanda natural en circunstancias normales es de 22.000 viviendas al año, sigue desaparecido. Por colectivos, los británicos lideran la adquisición de viviendas, seguidos de los nórdicos y los rusos y noruegos, quienes suelen comprar viviendas con valor de 2.000 euros el metro cuadrado. La ACP afirmó además que la actividad promotora sigue «totalmente paralizada», como demuestra que la mayoría de visados para nuevos proyectos son de viviendas unifamiliares. En 2014 la cifra de visados fue la más baja desde 1960, cifra «ínfima» en una provincia que, antes de la burbuja inmobiliaria, demandaba la construcción de 10.000 nuevos pisos al año.

­Los constructores y promotores malagueños denunciaron ayer que el presente año electoral, con sus variadas citas en las urnas, está acarreando una nueva caída de las inversiones de obra pública en la provincia tras el «mero espejismo e ilusión» que supuso el 2014, un ejercicio en el que el conjunto de las administraciones elevaron las partidas un 80% para poder culminar a tiempo sus proyectos estrella. El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), José Prado, apuntó que el primer semestre de 2015 ha dejado unas cifras desalentadoras, con un descenso interanual del 27% y sólo 75,3 millones de inversión en la provincia.

Prado, que ayer dejó la presidencia del colectivo tras 12 años en el cargo, denunció en su balance que el «largo periodo electoral» está propiciando que los políticos «no se preocupen de otra cosa sino de cómo llenar los sillones» mientras que las infraestructuras públicas «están semiparalizadas».

Según explicó, el calendario electoral está teniendo como efectos una «parálisis política» en la toma de decisiones de inversión por parte de los poderes públicos que pueden «hundir» al sector, precisamente tras un año en el que las cifras había sido algo más favorables (259,3 millones de licitación en todo el ejercicio).

Prado –que estuvo acompañado por el presidente del grupo de contratistas y sucesor, Emilio López Caparrós, y por el del grupo de promotores, Miguel Rebollo– dijo que «todas las alarmas están encendidas» por el «vacío gubernamental» en el que, a su juicio, se encuentran las administraciones. También aseguró que, de continuar esta tendencia, Málaga podría cerrar 2015 con un «nuevo mínimo histórico» de inversión, de momento, marcado por los 142 millones registrados en 2012.

Por administraciones, quien menos ha invertido en la primera parte del año en Málaga es la Junta de Andalucía que, con 9,3 millones, reduce sus partidas un 60%. El Gobierno ha licitado obras por valor de 19,1 millones y también rebaja su inversión un 31,6%. Por su parte, el poder local –ayuntamientos y Diputación– presenta actuaciones sacadas a concurso por 46,8 millones y un descenso del 9,1%. El representante de los constructores recordó que en Málaga, por cada millón de euros que se invierte en infraestructuras, se generan 12 empleos directos y seis indirectos. Además, la ACP aseguró que el retorno fiscal para la Administración vía impuestos es del 68%. Prado advirtió también de la necesidad de cuidar las infraestructuras de cara a la principal industria, el turismo. «Si no dotamos de instalaciones a ese turismo, mal nos vamos a ver», dijo.

Deudas de la Junta. La ACP, que celebró ayer su asamblea general y otra electoral que avaló a López Caparrós como nuevo presidente, también lamentó el «retraso crónico» de las administraciones en el pago a las empresas y la adopción de medidas legislativas «para ponerle la zancadilla al sector» como el decreto de protección del litoral o la falta de un Plan Andaluz de Vivienda, ya que el último data de 2012.

Especialmente críticos fueron con la Junta de Andalucía, a la que reprocharon que mantenga una deuda de entre 60 y 70 millones con firmas malagueñas del sector. Esta cantidad es, al menos, inferior a la que la ACP manejaba en 2014 (en torno 150 millones, sin incluir la parte que estaba ya judicializada), Sin embargo, comentaron, sigue poniendo en jaque la economía de estas empresas.

Unos 30 millones son de certificados, modificaciones de obras y liquidaciones de años anteriores que no entraron en el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) del plan de pago a proveedores y otros 30 a trabajos actuales de conservación de carreteras que no son abonados desde septiembre.

La ACP también criticó a la Junta por no tener aún operativo el sistema de facturación electrónica –«parece que quieren seguir teniendo facturas en los cajones», dijeron– y la falta de dotación de las empresas públicas. «Para eso, mejor cerrarlas», zanjaron. Los constructores añadieron que la Agencia de Medio Ambiente y Agua obliga a las empresas a renunciar a los intereses de las deudas para cobrar o que Tragsa «actúa como mero intermediario elevando los costes de ejecución».

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