«Marbella y Estepona sufren las consecuencias de la corrupción administrativa». La frase es del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, quien, en declaraciones a La Opinión de Málaga, explicó que para la Fiscalía es «irrenunciable» que ambos ayuntamientos sean indemnizados para llegar a un acuerdo con los exediles y empresarios imputados por el rosario de convenios urbanísticos que perjudicaron las arcas municipales de ambos consistorios durante los años del gilismo, fundamentalmente. Algunas defensas se han mostrado dispuestas a llegar a ese pacto.
El problema es mucho mayor en Marbella. El Tribunal de Cuentas (TdC) fiscalizó los ejercicios contables 2001 y 2002, y de ese primer informe salieron 27 causas que se enviaron al Juzgado de Instrucción 1 de Marbella. Muchas de ellas siguen hoy en investigación. Este órgano también fiscalizó los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006, y de ese informe han salido más de cuarenta procedimientos que se han judicializado, repartiéndose entre los cinco juzgados de Instrucción de la ciudad. «Los diferentes juzgados de Instrucción tienen cargas de trabajo muy importantes en asuntos de esta naturaleza sobre todo por la judicialización de la fiscalización del Tribunal de Cuentas», precisó López Caballero.
Ello supone decenas de instrucciones de años y, a su vez, precisa el fiscal jefe de Málaga, «juicios muy complejos». De momento, los 70 de Marbella y algunos de Estepona.
Ahorro
En 2008, la Fiscalía llegó a un acuerdo con los exediles marbellíes acusados de decenas de delitos urbanísticos. Como no iban a cumplir más del triple de la pena mayor, éstos aceptaban su culpabilidad y entraban en prisión un periodo de años o meses, según su responsabilidad, pactado previamente con el ministerio fiscal. Así, ellos cumplían el castigo y la Justicia se ahorró hasta un centenar de juicios, lo que supone tiempo y dinero.
Algunas defensas han planteado la posibilidad de llegar a un acuerdo en el marco de la pléyade de convenios urbanísticos supuestamente irregulares, en la que los nombres son, en su mayoría, los mismos de siempre (Juan Antonio Roca, Julián Muñoz, etcétera...). Ello permitiría el ahorro de más de 70 juicios y que los exconcejales, exfuncionarios y empresarios se declararan culpables. Pero estos delitos -fundamentalmente malversación- no son tan simples como la prevaricación urbanística. Por ello, llegar a un acuerdo es aquí mucho más complicado, según el fiscal jefe.
«Hablamos de convenios urbanísticos, de permutas, que requieren de investigaciones complejas, de valorar las operaciones, proyectos muy difíciles que cuando sean juicio van a consumir muchos esfuerzos», precisó, y habló de la principal complicación: «El acuerdo está vinculado a la efectiva indemnización al Ayuntamiento. Eso es irrenunciable o básico. Es un inconveniente al acuerdo y es que el criterio es muy claro: no habrá acuerdo si no se abona» al Consistorio de que se trate la responsabilidad civil correspondiente de la malversación.
«En el juicio, uno de los puntos a discutir es la lucha en cuanto a la cuantificación del perjuicio que da lugar al delito. Aquí se trata de una mala venta del patrimonio. Si no se restaura el patrimonio municipal no se puede hablar de acuerdo», señala el fiscal jefe.
El caso, en menor medida, afecta también a Estepona, aunque los setenta procedimientos aludidos son los marbellíes.
«Eso está incidiendo negativamente en estos juzgados, cada procedimiento tiene un gran tamaño, hay que hacer recursos, informes, etcétera... y ello no corresponde a Anticorrupción debido a la saturación de estos fiscales», alegó.
El fiscal jefe de Málaga insistió en que hay que «contar con la reparación del daño o no hay acuerdo. No se puede hablar de un acuerdo por el condicionamiento previo».
«Cada caso es único»
De cualquier forma,López Caballero recordó que hay que analizar cada caso de forma aislada, porque es «diferente» y señaló que alguno de ellos podría estar prescrito. El análisis individualizado del asunto se justificaría por su complejidad delictual, precisó. «Hay casos de aprovechamientos urbanísticos no materializados», señaló, poniendo así como ejemplo uno de los supuestos, por lo que determinar el daño real «es difícil». «Ésta es una situación excepcional, no hay un caso similar en España como Marbella y, en menor medida, Estepona», precisó el fiscal jefe de Málaga, quien concluyó: «O se resarce el daño o no hay acuerdo».
