Turismo

La vivienda vacacional se reivindica y exige una regulación "de garantías"

El colectivo se desmarca del borrador de ley de la Junta, que considera demasiado influido por «pequeños intereses»

08.07.2015 | 05:00
Pérez-Lanzac, flanqueado por Kaajal Mansukhani y Jannich Petersen, ayer, en Málaga.

La norma, indica, es esencial para evitar «la guerra de precios» y la devaluación de los alojamientos en la Costa del Sol

Se han oído todas las voces, pero faltaba la suya. Al menos, en Málaga, sin titubeos y con claridad representativa. Los propietarios y gestores de las viviendas vacacionales se sumaron ayer con matices propios y protagonismo a la cascada de colectivos turísticos que demandan a la administración la regulación inmediata del sector, que anda todavía en la nebulosa de los márgenes de la ley, desvinculado de un estatuto que les ampare y otorgue al conjunto de la actividad cobertura legal definitiva.

La asociación que agrupa a los empresarios en Andalucía, Apartsur, quiere que la administración tenga en cuenta sus necesidades específicas y arrime el hombro para imprimir una nueva vuelta de tuerca al proyecto normativo, que quedó en suspenso tras los laboriosos cambios de gobierno producidos en la Junta. La organización no oculta su deseo de que el marco quede definido cuanto antes, aunque, eso sí, a partir de la reelaboración y la inclusión de sus propuestas, en muchos casos notoriamente distintas a las planteadas en el borrador que sirve de base a la consejería.

El secretario de Apartsur, Carlos Pérez-Lanzac, reconoció que la ley, en su configuración actual, no seduce al colectivo, que choca con algunos de sus puntos. Los propietarios y gestores hablan en este sentido de ambivalencia y de una redacción en la que da la impresión de que los «pequeños intereses» prevalecen por encima del turista y del bienestar general de la industria. «Vemos que existe mucha confusión y ambigüedad», sostiene.

Entre los puntos de disconformidad con los empresarios, se observa la obligación de pasar a computar en términos legales como apartamento para todas los propietarios que dispongan de más de una vivienda en un radio de un kilómetro, lo que, en opinión de Apartsur, desnaturaliza el modelo de arrendamiento con el que los pisos vacacionales han irrumpido en el mercado turístico. De acuerdo con Pérez-Lanzac, esta disposición de la ley exhortaría a colectivo a asumir condicionantes como el establecimiento de dos escaleras de acceso diferenciadas al edificio. Una medida que, por ejemplo, supondría el fin de la actividad en zonas como el casco histórico de Málaga, donde las intervenciones urbanísticas están muy restringidas.

El portavoz de la asociación, que estuvo acompañado por Kaajal Mansukhani y Jannich Petersen, del portal Vacaciones-España.es, dejó claro que el gremio del alquiler vacacional –ya en conversaciones con la Junta– ambiciona una regulación con garantías que ponga fin a la desprotección legal de los inversores, desplazados por el Gobierno al arbitraje general de la Ley de Arrendamiento Urbano, que no distingue entre las distintas fórmulas de alquiler que conviven en el negocio turístico. Para Pérez-Lanzac, los empresarios son los primeros interesados en que se pongan las cartas sobre la mesa y se acabe con la indeterminación. Especialmente, por la necesidad de contener la amenaza de la guerra de precios. Sin control sobre los impuestos, el fenómeno del alquiler podría abaratar y devaluar el destino. Y más si se tiene en cuenta la fortaleza que ha adquirido en todo el mundo. «No somos una moda, sino una tendencia», señala.

Apartsur insiste en que la vivienda vacacional viene a complementar la oferta y rechaza el apelativo de negocio pirata o clandestino. Tampoco termina de entender el recelo de los hoteleros. «¿Por qué se quejan? Le da a uno que pensar que lo quieren todo para ellos», puntualiza.

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