Tribunales

Nueva suspensión del juicio por los contratados de Limasa al no comparecer el fiscal

La demanda contra la empresa plantea una posible discriminación contra 22 mujeres, lo que exige la presencia de la Fiscalía al hablar de un derecho fundamental

09.07.2015 | 05:00
Asistentes al juicio de Limasa, que fue suspendido ayer.

Apoyo de IU a los eventuales de Limasa

  • El portavoz del grupo municipal de IU, Eduardo Zorrilla,criticó ayer el «incumplimiento de los compromisos» del equipo de gobierno del PP con los trabajadores eventuales de Limasa, indicando que se ha reducido el número de contratados en esta modalidad y las horas efectivas de trabajo. Zorrilla indicó que para este mes se han realizado «39 contratos de cuatro días por semana, siete de tres días por semana, cuatro de dos días y 200 de un día por semana», lo que está «repercutiendo en el servicio que se presta y empeorando la limpieza» de la capital. Zorrilla acompañó a un grupo de este colectivo de eventuales que se concentró ayer a las puertas del Ayuntamiento, algo que continuarán haciendo cada miércoles. Además, exigió la destitución del gerente de Limasa, Rafael Arjona, por «no respetar los derechos de los trabajadores», tanto de los fijos como de los eventuales.

­El juicio promovido contra la empresa Limasa por el comité de empresa reclamando que 41 operarios del Centro Ambiental de los Ruices (CAM) pasen de ser fijos a jornada parcial a jornada completa, volvió ayer a suspenderse al advertir una de las partes que en la demanda aparece como una contingencia principal la posible discriminación laboral sobre un grupo de 22 mujeres, lo que conlleva la presencia del fiscal en el caso, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, al tratarse de un derecho fundamental.

Con el juicio ya comenzado, una de las partes señaló que en la demanda del comité contra la empresa se alega una posible discriminación de Limasa dado que de los 41 operarios para los que se piden que sean fijos a jornada completa, 22 de ellas son mujeres que trabajan en Limasa por su condición de víctimas de malos tratos, y como señaló el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, «ni una sola mujer figura entre los operarios que sí tiene contrato a tiempo completo».

Dado que la igualdad ante la ley y la no discriminación por ningún motivo figura entre los derechos fundamentales que consagra la Constitución, la presencia en esta demanda de una posible discriminación presume la vulneración de un derecho básico y ello exige la presencia del ministerio fiscal como garante del cumplimiento de la ley.

Sin embargo, en esta demanda, por error, no se dio conocimiento a la Fiscalía y ésta no ha tomado parte en el caso. Éste es el motivo por el cual la titular del juzgado de lo Social número 12 decidió ayer la suspensión del juicio y comenzar de nuevo las actuaciones, dando traslado del caso al ministerio fiscal.

Fijos total o parcial. El caso para dilucidar esta cuestión laboral tiene su origen en una resolución de la Inspección de Trabajo de mayo del año pasado en la que se requería a la dirección de Limasa hacer fijos a 73 trabajadores eventuales del CAM antes del 1 de julio de ese año. La intervención de la Inspección de Trabajo había sido demandada por el comité de empresa.

Inspección de Trabajo estimaba en su resolución que esos trabajadores se encontraban contratados en situación irregular al haber superado «los límites temporales para el encadenamiento de contratos temporales» que fija la ley en el estatuto de los Trabajadores. Por ello, requería a la empresa «para que proceda a la transformación en indefinidos de dichos contratos».

La empresa acató la resolución haciendo fijos a los 73 operarios, pero con contratos a tiempo parcial para la mayoría. Se inició entonces una dura pugna entre el comité y la dirección de Limasa que acabó con una decisión salomónica y que es la causa de este juicio.

La empresa contrató a tiempo completo (35 horas) a 31 de los 73 trabajadores y a 42 de ellos los mantuvo con contratos fijos de 21 horas. Entre ellos las 22 mujeres contratadas por sufrir malos tratos.

El conflicto derivó finalmente en la demanda impuesta por el comité de empresa para reclamar las 35 horas para el resto de 42 operarios.

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