Tribunales

Los propietarios de casas ilegales serán indemnizados antes de la demolición

La modificación afecta a los dueños que compraron de buena fe viviendas irregulares sobre las que exista sentencia firme

09.07.2015 | 00:12
En la Axarquía hay más de 15.000 viviendas ilegales.

Los jueces podrán jubilarse dos años más tarde

  • La nueva LOPJ amplía de cinco a siete el número de vocales del CGPJ que integran la Comisión Permanente y cuentan, por tanto, con dedicación exclusiva, y elimina la obligatoriedad de que la Comisión de Igualdad del órgano sea presidida por una mujer. Salió adelante con los votos del PP y UPN mientras que el resto de grupos votó en contra salvo UPyD, que se abstuvo. ,Retrasa, además, a los 72 años la edad de jubilación de los jueces, que queda vinculada a la desaparición de la figura del magistrado emérito. Este polémico último punto quedó dulcificado después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo pidiera al ministro de Justicia, Rafael Catalá, una solución que evitara que media docena de magistrados se vieran obligados a abandonar, en el plazo de un mes, sus puestos. ,Durante el trámite parlamentario en el Senado los populares plantearon una enmienda en la que se especificaba que los jueces con condición de eméritos que superen los 72 años cesarán en el ejercicio de sus funciones el último día del mes en el que la LOPJ entre en vigor. Entre los afectados se encontraban varios de los adscritos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que ha asestado, en los últimos meses, varios golpes a la reforma laboral del PP. La nueva ley cambia, además, la denominación de los secretarios judiciales, que pasan a llamarse «letrados de la administración de Justicia» y adquieren un nuevo papel que amplía competencias. El PP defiende que la LOPJ ofrece mecanismos para racionalizar el reparto de trabajo entre las sedes judiciales.

­La Axarquía malagueña, además de parajes naturales de indudable valor ecológico, acoge más de 15.000 viviendas en suelo no urbanizable. Muchos de esos propietarios son extranjeros y compraron de buena fe, fiándose de un intermediario o de una inmobiliaria. Con el tiempo, se encuentran con una sentencia que les obligaba a tirar su casa porque nadie les advirtió de la ilegalidad y se quedaban sin dinero y sin techo. Ahora, una modificación legal aprobada ayer por el Congreso de los Diputados obliga a que sean indemnizados.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los propietarios de viviendas declaradas ilegales por los tribunales han de percibir una indemnización antes de que se derribe su casa. Para ello ha de existir una sentencia firme.

Esta medida señala que el juez o el tribunal que ordene la demolición exigirá, como condición previa y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, «la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones a terceros de buena fe».
Este cambio se suma a otro incorporado ya en la reforma del Código Penal para paralizar los derribos de viviendas ilegales en las zonas costeras hasta que los propietarios tengan asegurado el cobro de indemnizaciones.

La reforma pasó ayer el trámite en el Congreso con 179 votos a favor, 139 en contra y cinco abstenciones. El nuevo texto no sólo afecta a las casas, pues encierra otras profundas enmiendas, unas 50, que tratan de hacer más ágil y eficaz la Justicia, como defendió ayer el ministro Rafael Catalá. La oposición la tachó de contrarreforma y oportunidad perdida.

El Colectivo Save Our Homes in Axarquía (SOHA), que agrupa a miles de extranjeros afectados por este problema, ya aplaudió a finales de junio esta medida, que podría sustanciarse en la compra de las casas por parte de los organismos encargados de derribar el inmueble.

El problema está muy extendido por la Costa del Sol Occidental y el interior de la provincia, de forma que se estima que hay unas 30.000 construcciones en esta situación administrativa en Málaga. A los ecologistas no les ha hecho mucha gracia esta reforma, que también tendrá especial incidencia en municipios como Marbella o Estepona. SOHA ya explicó en junio que la reforma de la Ley del Poder Judicial evitará que «las familias sean víctimas por partida doble», es decir, por haber comprado una casa en suelo ilegal y luego, para más inri, deban tirar esa vivienda.

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