­Tres años de incertidumbre, de mentiras, de incumplimientos reiterados, de nóminas atrasadas, de falta de inversión, de maquinaria rota, de cursos de circunstancias... Lo último es sentirse como una pelota de tenis que va de Empleo a Educación y otra vez de vuelta a la Consejería de Empleo. Los profesores de las escuelas de hostelería La Cónsula y La Fonda han perdido toda la fe en la Junta de Andalucía y ya no pueden más. Y ayer volvieron a concentrarse para denunciar que el Gobierno andaluz «no tiene palabra».

Y lo hicieron simbólicamente mientras 140 aspirantes hacían en La Cónsula las pruebas de acceso para cubrir las 44 plazas disponibles en la oferta académica, 22 de cocina y 22 de sala. 140 pueden parecer muchos, pero muy pocos comparados con los que se presentaban hace apenas un par de años. «Entonces eran más de 600», recuerda Miguel Núñez, cocinero de La Cónsula. Todo esta situación desespera a la plantilla pero genera inseguridad e incertidumbre entre los potenciales estudiantes «porque temen perder el tiempo y ni siquiera empezar el curso». Es lo que ha pasado en La Fonda este año. Y en La Cónsula, a pesar de que las clases se han dado a trompicones, todos los alumnos han salido con un contrato. Es decir, que hasta en los peores momentos, estas escuelas de hostelería, referentes durante años, siguen siendo garantía de empleabilidad.

Y la Junta, sin embargo, «mareando la perdiz», como lamentan los trabajadores. Nunca diez días duraron tanto. Es el plazo que, en plena campaña electoral, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, estableció y con el que se comprometió con docentes y estudiantes para resolver los problemas de ambas escuelas de hostelería y garantizar su funcionamiento. Pasaron esos diez días. Y diez más. Y a mediados de julio los profesionales siguen sin cobrar. Esta vez las últimas tres nóminas. Y en una especie de limbo administrativo que hace que, a estas alturas, desconfíen incluso de que el curso pueda empezar a principios de septiembre.

Los trabajadores exigen el pago de las tres últimas nóminas que les debe la Junta de Andalucía, así como una inyección económica que les permita funcionar antes de que llegue el mes de agosto, «que es inhábil», explicó ayer María Luis Vargas, representante de los docentes de La Cónsula. También que se resuelva de una vez el papeleo. «Nos aseguran que no es por falta de dinero, sino que hay que terminar de establecer competencias entre las Consejerías de Educación y la de Empleo», señaló Carmen Sánchez, portavoz de los profesores de La Fonda. Falta aún la agregación de estos consorcios en la nueva Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (APAEF). Unos 200 profesores afectados de una decena de escuelas de formación de Andalucía. En los caso de La Cónsula y La Fonda son 27 profesores.

Sobre la escuela de Benalmádena pesa además una orden de embargo de sus bienes materiales para atender al pago de la indemnización de dos profesores que denunciaron a la Junta por los reiterados impagos. «Este embargo, de momento, está paralizado», asegura Sánchez. Algo es algo.

Miguel Núñez tiene claro de quién es la culpa: de la Junta. «No tienen palabra, sus explicaciones son siempre vagas», añade. «Nadie quiere mojarse en la formación para el empleo, pero los problemas los han creado ellos y nos afectan a nosotros», critica, a su vez, Jesús Camarero, otro cocinero de La Cónsula.

Los docentes malagueños se unirán al del resto de consorcios andaluces que padecen los mismos problemas el próximo jueves, 16 de julio, en una gran manifestación que tendrá lugar ante el Edificio de Torre Triana, sede de la Consejería de Educación.