La Organización Impulsora de Discapacitados (OID) denunció ayer el «atropello policial y jurídico» que dice haber sufrido el viernes, 3 de julio, después de que la policía registrase su sede en Málaga, con el pertinente mandamiento judicial, durante cuatro horas. Los agentes mantuvieron retenidos, siempre según la organización, «e incomunicados a dos empleados discapacitados por más de cuatro horas».
En su solicitud, dice la OID, la policía pide expresamente que no se informe a la organización. Al abogado no le dieron copia del auto de entrada y no le dejaron pasar, por lo que el colectivo presentó una denuncia en el juzgado de guardia. Asimismo, la OID ha anunciado una demanda contra el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, «que ha demostrado tener un desconocimiento absoluto sobre la realidad jurídica de la OID y la labor social que desarrolla desde hace años».
Según la OID, están dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y luchan desde hace 26 años por su normalización. Habla, incluso, de «una persecución constante por parte de la ONCE, que se ha saldado con más de 135 autos judiciales a favor de la OID».
Autorización
La organización nunca ha ocultado su actividad, aseguran, «y lleva solicitando desde su inicio la oportuna autorización administrativa de su sorteo con fines benéficos, encontrándose la última de estas solicitudes en vía Contencioso-Administrativa».
Mientras, añade, «la ONCE sigue persiguiendo judicialmente a la OID, acosándola continuamente con denuncias», todas ellas archivadas, indican. La plataforma asegura que su objetivo es luchar en los tribunales contra el monopolio del juego en España, «que otorga en exclusiva los sorteos benéficos a la ONCE, sin fundamento alguno que pueda éticamente cobijar, bajo la capa de la solidaridad, esta excepción».
