La corrupción administrativa, urbanística y política ha centrado buena parte de los esfuerzos de la Fiscalía Anticorrupción y de la de Delitos Económicos la última década y media, pero la delincuencia evoluciona y ahora, explica el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, «el foco de atención está en el control del gasto público».

López Caballero se refirió así, en declaraciones a La Opinión de Málaga, a las nuevas formas delictivas a las que han de hacer frente los acusadores públicos especialistas en corrupción y la llamada delincuencia de cuello blanco. «Si hay mayor atención a este aspecto puede dar lugar a nuevos procedimientos», indicó, y puso como ejemplo de este tipo de asuntos el caso Edu, por el fraude masivo en las ayudas de la Junta de Andalucía a la formación para personas desempleadas con el compromiso de contratación.

Otro ejemplo claro de este tipo de delitos, algo que no es exclusivo de la provincia de Málaga, sería el sumario de los ERE, que instruye la juez sevillana Mercedes Alaya. Pero no es la única nueva tipología delictiva contra la que están teniendo que luchar los fiscales a lo largo de los últimos meses. «También se dan ahora defraudaciones de menor entidad pero multitudinarias referentes a prestaciones sociales diversas», señaló López Caballero.

Como ejemplo de este tipo de asuntos, señaló el fiscal jefe de la provincia, estarían el «fraude a la Seguridad Social, simulando la contratación de trabajadores, algo que no existe, para cobrar el desempleo».

En su opinión, este tipo de asuntos resurgen con fuerza debido a la crisis económica. «La crisis agudiza el ingenio y las situaciones de esta naturaleza», recalca el fiscal jefe de la capital.

Sin ir más lejos, a mediados de mayo la Policía Nacional detuvo a seis personas como presuntas responsables de un delito de fraude a la Seguridad Social y falsedad documental por crear una empresa fantasma por la que se beneficiaron de prestaciones por desempleo.

Entre los arrestados se encontraban el asesor laboral y el dueño de la empresa. Además, se realizó un registro en la asesoría laboral en la que se intervino numerosa documentación.

El caso Varadero estalló cuando investigadores del cuerpo detectaron que dicha compañía existía de manera jurídica pero no tenía ninguna actividad real, según informó la policía. Un asesor laboral dio de alta a varios trabajadores, que se habían beneficiado de prestaciones por desempleo y otro tipo de ayudas. Las pesquisas apuntan a que ocho de las personas que fueron dadas de alta cobraron 5.000 euros cada una.