Los reproches más achacados por parte de la industria hotelera vienen a raíz de la actual situación de limbo legal en la que se encuentra la vivienda vacacional. La actividad de los apartamentos vacacionales no es ilegal, sino que no está reglada y la Junta de Andalucía se encuentra trabajando en ello.
En el último borrador presentado por el Gobierno Andaluz existen puntos ambiguos que, según los empresarios, pueden degenerar en una situación conflictiva, como es el caso de que si un particular posee más de una vivienda en un radio de un kilómetro, quedaría bajo normativa turística, suponiendo, en opinión de los propietarios, una gran desventaja, pues es imposible de aplicar en la mayoría de centros de ciudad.
Actualmente existe un gran número de alojamientos ilegales que no declaran, lo que supone una competencia desleal con el resto de la industria. Según el sindicato Gestha podríamos estar hablando de la escalofriante cifra de más de 50.000 pisos que actuan de manera fraudulenta. Una situación que la Junta trabaja por corregir.
Legalmente, es importante señalar que una vivienda vacacional no es igual que un apartamento turístico, ya que según Petersen esta segunda modalidad tiene su propia normativa y sí está contemplada como modalidad de alojamiento (extrahotelero). «Cuando hablamos de alquiler vacacional nos referimos al alquiler de una vivienda para un uso vacacional o turístico, que es una modalidad por regular específicamente», indica.
