­El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, aseguró ayer que es «mentira» que el retraso del caso Astapa que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, se deba a la falta de medios. «Mientas no se cambie el modelo de justicia penal, aquí va a seguir habiendo instrucciones que se eternicen», concluyó.

Las declaraciones hechas por el consejero vienen a raíz de la petición realizada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que la Junta dote «de los medios personales y materiales necesarios» al juzgado que investiga el caso contra la supuesta corrupción urbanística y política del municipio que arrastra más de siete años de instrucción. Una petición que aseguró que «estudiará».

Tras mantener una reunión con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, De Llera puso ayer de manifiesto que la Delegación del Gobierno de la Junta en dicha provincia «nos informará» y «ya veremos qué posibilidades hay» para «tratar de auxiliar en lo posible cuando sea necesario, y parece que lo puede ser».

En el acuerdo de la Sala de Gobierno se insta a la Consejería a «la urgente puesta a disposición del juzgado de los medios personales y materiales idóneos para el escaneo de la documentación existente en el procedimiento en el plazo más breve posible, con el fin de facilitar el manejo de la causa, su estudio y análisis judicial, así como ulteriores fases de traslado a las partes», según indicó el tribunal andaluz en un comunicado.

Con este acuerdo, la Sala de Gobierno responde a la petición del juez de Adscripción Territorial que hasta el momento era el titular del juzgado y que continuará en el mismo como sustituto hasta la cobertura de la plaza por su titular. En su escrito, el juez señalaba la necesidad de medios para el caso Astapa, especialmente de medios técnicos y personales para el escaneo «de la ingente documentación de esta causa».

Además, la Sala de Gobierno pone en conocimiento de la Unidad de Apoyo a las Causas de Corrupción (UACC), creada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «los déficits puestos de manifiesto por el Juzgado de instrucción y constatados en la visita de inspección realizada por la Presidencia del TSJA a fin de que, en su caso, se inste a la administración prestacional la más rápida adopción de medidas correctoras y de refuerzo».

La Sala de Gobierno constató, de acuerdo con las conclusiones de dicha inspección, que en este caso, que afecta a más de 100 personas investigadas y supera los siete años de instrucción, «quedan todavía pendientes 30 informes sobre irregularidades en expedientes de disciplina urbanística, siete de contenido patrimonial encargados a peritos de Hacienda y dos policiales que se demoran desde hace años». Por todo esto, se acuerda dar traslado a la indicada UACC «a efectos de que se valore la necesidad de requerir a las administraciones competentes la urgente remisión de tales dictámenes periciales y documentación pendientes en dicho procedimiento».