El fiscal solicita el archivo del caso Codelán contra Roca y Julián Muñoz

exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, el exalcalde Julián Muñoz, y un empresario, entre otros.

La investigación partió de la firma, en 1996, de un convenio entre el Ayuntamiento de Marbella y la empresa Codelán para saldar la deuda del Consistorio por importe de 1,096 millones de euros. En ese pacto, se establecía como fórmula de pago inicial «la adjudicación de bienes del Complejo Residencial de Miraflores».

En marzo del 98, ante la demora de entrega de los locales, se actualizó el convenio, relata el fiscal en su escrito, se identifican los bienes a entregar y se recalcula la valoración, subiéndola hasta los 1,19 millones de euros.

En 2000, tras una subasta pública, «se firmó la escritura de adjudicación en pago de varios locales objeto del convenio y en 2002, Codelán vende los locales que le fueron adjudicados a otra mercantil». El juzgado requirió una tasación pericial del valor de los tres inmuebles a fecha de marzo del 98, que arrojó un precio por metro cuadrado de 543 euros, es decir, inferior al que se pactó en el convenio. Es decir, que la suma que se fijó en el mismo era superior al valor real. En mayo de 2014, la Udyco emitió un informe en el que insistía en que el Ayuntamiento no sufrió ningún perjuicio.

El informe de tasación de 2000 arrojaba un precio medio de los tres locales de 726 euros el metro cuadrado, pero debe tenerse en cuenta que el mismo está distorsionado, porque el mayor se otorga al más pequeño de los tres locales. Así, al de 72 metros cuadrados se le asigna un valor de 779 euros; al de 217 metros cuadrados, de 715 euros; y al de 235 metros cuadrados, de 685. «Y, en cualquier caso, esa valoración contrasta con el hecho de que dos años después Codelán vendió los locales a un precio medio de 661 euros por metro cuadrado», precisa el fiscal.

Así, el fiscal concluye que no se ha podido acreditar el perjuicio económico al Ayuntamiento, «si es que lo hubo en algún momento, y las diligencias y tasaciones avalan la incertidumbre sobre el mismo».

Añade Anticorrupción que en el punto relativo a los intereses de la deuda hay ciertas dudas, como apunta el informe de la Agencia Tributaria, en relación a si fueron «abusivos, pero en cualquier caso esta duda no tiene entidad probatoria suficiente para sostener una acusación».

Ello se debe a que el origen formal «del incremento de la deuda pudiera tener otro procedente, pero no se puede especular a estas alturas sobre su cuantificación y tampoco se puede perjudicar a nadie si no existe un indicio objetivo». Por ello, quedan desvirtuados el fraude y la malversación. En cuanto a la prevaricación, de las resoluciones dictadas por los responsables municipales no se deduce una infracción «relevante y clara». Ésta es una de las 27 diligencias desgajadas de la querella que en 2006 puso la Fiscalía y de la que nacieron, entre otros, los casos Minutas o El Pinillo.