El equipo de gobierno ha querido iniciar su mandato municipal en el Ayuntamiento de Málaga acordando un amplio programa de emergencia social con paquetes de medidas destinadas a ayudas a la vivienda, la alimentación de familias y menores y el fomento del empleo.
La iniciativa estará dotada con más de 2 millones de euros y forma parte de una modificación presupuestaria de poco más de 8 millones de euros que tendrá un amplio reparto explicado ayer por el alcalde, Francisco de la Torre, poco después de que dicha modificación fuese aprobada por una junta de gobierno extraordinaria.
Dentro del plan, y fruto también de la exigencia y el acuerdo de investidura con Ciudadanos, se pondrán en marcha los bonos para alimentos destinados a familias que no tienen suficientes recursos. Esta primera convocatoria cuenta con 100.000 euros para cubrir a las unidades familiares que tienen una renta anual por encima de 8.114 euros y que tras descontar sus gastos no puedan atender necesidades básicas. De la Torre explicó que «se probará» su funcionamiento en bares, restaurantes y cafeterías y también para aquellos que quieran comer en sus casas, siempre bajo la supervisión del área de Derechos Sociales.
Para atender a menores en riesgo de exclusión social se destinarán 50.000 euros a la asociación Biberódromo y 250.000 euros a Cáritas. El alcalde calculó que se podrá ayudar a 1.200 familias de aquí a final del verano.
Un millar de familias se beneficiará de un plan de intervención social dotado con 600.000 euros para personas en exclusión social y que priorizará las necesidades básicas y de suministro a aquellas personas con pocos recursos. También aumentarán otras prestaciones de emergencia y de apoyo a la autonomía personal por 387.000 euros.
El Ayuntamiento destinará 300.000 euros hasta final de año a reforzar la red de plazas de atención a personas sin hogar a través de la Fundación Rais.
En cuanto al empleo, se destinarán 83.000 euros a prospectores de empleo que trabajarán con personas de poca cualificación, a las que se orientará y formará en empresas. El IMFE contratará a 12 orientadores con un presupuesto de 100.000 euros, para dar información y asesoramiento para la búsqueda de empleo. Se contempla casi 800.000 euros para apoyar los planes de empleo de de la Junta, previendo que se puedan realizar 1.269 contratos.
Si no hay convenio, habrá expropiación
El alcalde, Francisco de la Torre, explicó ayer que revocar el convenio de Hoyo de Esparteros con la promotora Braser II, donde se incluía la construcción del hotel de Rafael Moneo, que ya no se hará, podría obligar al Consistorio a pagar la expropiación de los suelos.
De la Torre recordó que este plan, que se hizo en los años 90, se planteaba conseguir los suelos por expropiación «y el convenio con Braser lo que hacía era liberar de esa obligación y creaba una expectativa nueva al dar solución a esas manzanas muy degradadas incluyendo un hotel y la ordenación del espacio».
Por ello, si este convenio «desaparece volveríamos a aquellos años y el mecanismo es el de aquellos años y conduce a esa expropiación». Todo ello, añadió, en un momento en que los suelos «valen más que hace veinte años, a pesar de la crisis».
«Si queremos que eso cambie tendría que ser por esa vía. La ventaja del convenio es que liberaba al Ayuntamiento, conseguía un edificio de calidad, que a alguien no le puede gustar, pero nadie discute el prestigio del autor; y dota a la ciudad de un hotel más, que necesitamos».
