El Gobierno cocina una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que data del siglo XIX, con varias cargas de profundidad que podrían afectar mucho en los juzgados de Instrucción de la Costa del Sol, donde se tramitan numerosos macroprocesos relacionados con la corrupción. Entre las medidas estrella de la reforma, aún en solfa por el escaso recorrido que le queda a esta legislatura, se encuentra la de limitar las investigaciones sencillas a seis meses, y dar 18 para las más complejas. Sólo podrán alagarse las pesquisas por causas excepcionales. Los juristas hablan de «caos» si antes no se dota a los órganos de medios.
Hay otras medidas, como el cambio de denominación del imputado por el de investigado o un artículo que va a la línea de flotación de los macroprocesos: se modifican las reglas de conexidad para evitar acumulación de causas, es decir, los macrosumarios. «La instrucción conjunta de varios delitos sólo tendrá sentido en situaciones excepcionales a petición del fiscal que asegurará la unificación de criterios», dice el Gobierno. La idea es hacer juicios de un sólo delito. Trocear el procedimiento para evitar colapsos como el del caso Astapa en Estepona o el de Malaya.
«Hay pruebas que tardan meses»
En cuanto a los plazos, a los seis meses en las causas sencillas se deberá determinar por el juez si continúa la instrucción o archiva el procedimiento. Los juristas aplauden la medida, pero creen que es un brindis al sol. Fuentes del ministerio público indican que «puede ser un caos, porque la movilidad funcionarial y de los juzgados a veces hace incontrolable muchos asuntos judicializados. No pienso en los grandes casos, sino en los menores».
Una instrucción puede consumir dos o tres años de media y algunas se despachan en apenas 18 meses. «Va a ser muy complicado controlar los asuntos, hay diligencias que hacer que tardan tiempo, porque muchas personas cambian de domicilio o de país, hay notificaciones muy complicadas de hacer, que tardan meses, y muchos conflictos se van a ver archivados. Habría que optar por topes más razonables con muchas excepciones», precisa.
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, considera necesaria esta propuesta: «Ojalá sea real, pero no lo va a ser». «Hasta que no haya medios suficientes en la administración de Justicia, los juzgados no estén especializados, todo va a ser muy complicado. En los órganos no hay medios para agilizar los procesos. Las instrucciones duran cinco años, aunque no creo que haya archivos, incumplirán los plazos por exceso de trabajo, meterán esa coletilla, y no pasará nada», dice.
«Es absurdo»
El letrado Javier Muriel, que ha lidiado con varios macroprocesos, explica: «Ese límite puede nacer como una garantía para el justiciable, pero es absurdo, deberá prorrogarse varias veces más. El derecho de defensa establece que todo imputado podrá valerse de las pruebas de descargo que estime necesarias, muchas de esas diligencias se solicitan al juzgado y se libran oficios para cumplimentar por la policía u organismos públicos que, de por sí, ya están colapsados de trabajo, por no hablar de las comisiones rogatorias, o que se interpongan recursos o solicitudes de nulidades».
Este jurista cree que es «una medida tan bienintencionada como inútil. No se cuenta con los medios para agilizar suficientemente las instrucciones que duran entre tres y cinco años y se convierten en auténticos calvarios personales y procesales para los imputados. Es de suponer que si necesitas más de seis meses y no has recabado suficientes pruebas acusatorias, el asunto deberá archivarse, pero la realidad es otra».
La abogada Carmen Lozano Donate considera que «establecer plazos para instruir sin aumentar los medios disponibles, impedirá que las investigaciones se realicen adecuadamente. El objetivo debe ser agilizar el procedimiento, pero también conseguir que sea más eficaz».
De cualquier forma, parece difícil que el texto se apruebe antes de que acabe la legislatura.
