El Tribunal Supremo se pronunciará este miércoles sobre los recursos de la sentencia del caso Malaya, instruido contra la trama de corrupción centrada en el Ayuntamiento de Marbella, según han informado a Efe fuentes cercanas al caso.

Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo han necesitado un año para resolver los 54 recursos de casación interpuestos por defensas y acusaciones contra la sentencia del caso Malaya, un fallo expuesto en miles de páginas y que impone mas de cien años de cárcel a decenas de personas.

La Audiencia Provincial de Málaga condenó a once años de prisión y una multa de 240 millones de euros al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y cerebro de esta trama de corrupción, Juan Antonio Roca, pero absolvió a casi la mitad de los 95 procesados.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga tiene 5.814 folios y se espera que la resolución del Supremo sea también bastante voluminosa para responder a las múltiples cuestiones fácticas y jurídicas suscitadas por los 54 recurrentes.

El volumen y la complejidad del caso ha ocasionado que los magistrados hayan necesitado ampliar varias veces la prórroga del término de la sentencia para entregarla muy fundamentada y revisada.

Pese a ello, las partes tendrán unos días para revisar la resolución por si fuese necesario alguna aclaración y posteriormente el caso será devuelto a la Audiencia Provincial de Málaga para que ejecute la sentencia de casación.

La fuentes consultadas han indicado a Efe que la sentencia será entregada a la partes personadas en soporte informático debido a su volumen.

Este juicio, que empezó el 27 de septiembre de 2010 en Málaga, quedó visto para sentencia en julio del 2012 y tuvo como protagonistas a exalcaldes, concejales, abogados y empresarios vinculados a los sectores de la construcción, los toros o el fútbol.

En él hubo numerosas alusiones al fallecido Jesús Gil, que fue alcalde de Marbella entre 1991 y 2002, unos años antes de que empezara la investigación judicial de la trama de corrupción, que comenzó a finales de 2005 y se destapó en marzo de 2006 con la primera fase de detenciones.

La investigación judicial tuvo como consecuencia la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril del 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.