Caso Malaya

Las claves de la mayor trama de corrupción de la historia española

En Marbella el soborno a cambio de favores urbanísticos adquirió categoría de arte gracias al talento delictivo de Roca, que sin ser alcalde, tenía todo el suelo a su merced

30.07.2015 | 05:00
Cada intervención relacionada con el caso Malaya levantó una gran expectación mediática.

­Cuando el caso Malaya estalló a primera hora del 29 de marzo de 2006 nadie pensó que Marbella estaba ante el proceso que iba a cambiarla para siempre de raíz. Sólo un mes y medio después, el Gobierno central disolvió el Ayuntamiento y puso al frente del Consistorio a una gestora conformada por todos los partidos políticos. Los 15 años del gilismo, que supusieron un periodo en el que se elevaron a la categoría del arte el soborno y el urbanismo salvaje a través de convenios, habían dejado un paisaje desolador. Nadie pensó jamás que el todopoderoso Juan Antonio Roca, a la sazón exasesor de Urbanismo de la localidad, podía caer en manos de la policía. Pero esa mañana el juez Miguel Ángel Torres y el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero hicieron que no sólo Roca, sino la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, y varios empresarios pasaron por los calabozos de la Comisaría Provincial y los juzgados.

Desde entonces hasta ayer, cuando el Supremo puso el broche de oro a una historia que ha durado nueve años y cuatro meses, muchos acusados han soportado una larga pena de banquillo, una instrucción que duró mucho tiempo y Marbella lleva años sumida en un mar eterno de deudas que supera los 500 millones de euros.

El juicio se inició el 27 de septiembre de 2010 y acabó, tras 200 sesiones, el 31 de julio de 2012. La magnitud del caso era tal que el tribunal malagueño tardó 15 meses a la hora de emitir la sentencia. El Supremo, con la mitad de acusados que Málaga (95 aquí y 53 en Madrid) ha tardado un año en dictar el fallo definitivo.

El caso Malaya se centra en la moción de censura que impulsó Roca y que supuso la unión de tres ediles tránsfugas del PSOE, tres del PA y los restos del gilismo. En agosto de 2003, Julián Muñoz, enfrentado por entonces al exalcalde Jesús Gil, destituyó a Roca como gerente de Urbanismo y firmó su sentencia de muerte. Luego, llegarían casi tres años de un gobierno convulso, en el que se inició la revisión del planeamiento marbellí con la supervisión de la Junta de Andalucía, que seguía llevando a los tribunales cada licencia de obra presuntamente ilegal, y numerosos cantos de sirena sobre corrupción en el corazón del equipo de gobierno local.

En marzo de 2006, cuando todo saltó por los aires, prácticamente era un secreto a voces que los concejales votaban sin atender a los informes jurídicos ni técnicos para otorgar las licencias. Sólo unos meses antes, en noviembre de 2005, el juez Torres hizo caso a Jorge González, exjefe del Servicio Jurídico de Urbanismo apartado de su cargo por Gil y Roca. En el curso de unas diligencias por una licencia ilegal, soltó la bomba. Y los investigadores sólo tuvieron que tirar del hilo.

Los policías introducían por la tarde los datos en los ordenadores del juzgado para no despertar sospechas, porque Roca tenía un poder omnímodo. Se pincharon teléfonos, se hicieron seguimientos y se inició una complicada investigación patrimonial persiguiendo, por primera vez en España, el beneficio económico del delito. Así se comprobó que Roca tenía un patrimonio de 120.000 millones de las antiguas pesetas puesto a nombre de numerosos testaferros que ocultaban sus bienes a través de una espesa red societaria. El dinero se movía de una a otra con rapidez, de forma que salía incluso a la red exterior al país en paraísos fiscales como Suiza o Lichtenstein.

Malaya fue el primero de los grandes macrocasos, supuso una revolución en la investigación policial y ahora ha concluido salvo para los que están fugados: el exportavoz andalucista, Carlos Fernández, cuyo paradero se desconoce, y José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, investigado en otros sumarios.

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