­Los rumores han sido insistentes desde que a Malaya le siguieron Minutas, el caso Blanqueo o ya, más adelante en el tiempo, los sumarios de los ERE y los cursos de formación, la Gürtel, Púnica, etcétera... España parece tomada por los macroprocesos. Y el Tribunal Supremo se pronuncia por primera vez de forma contundente, aprovechando el «paradigma» de los mismos, el caso Malaya.

La Sala Segunda rechaza que se haya eternizado en el tiempo el caso Malaya, pero deja claro: «Ello, sin perjuicio de que se pongan de manifiesto las dificultades que ha generado la tramitación de una causa como la de autos, paradigma de los denominados macroprocesos».

Éstos, a la larga, «generan más efectos perversos o contrarios a los que se pretenden evitar, que es, básicamente, la no ruptura de la continencia de la causa, esto es, la preservación de su unidad, cuestionándose el modelo de instrucción vigente».

Los efectos perversos bien pueden ser esas auténticas cascadas de vulneración de derechos fundamentales que los abogados han planteado sin éxito desde que se inició la instrucción allá por marzo de 2006, empezando por el juez Miguel Ángel Torres, a quien acusan de vulnerar las normas de reparto a capricho y quedarse con el caso cuando no le correspondía -lo que ha rechazado el Supremo-; las detenciones que pudieron haberse extendido en el tiempo más allá de las 72 horas que marca la ley, la forma en la que se produjeron muchos de esos arrestos o las intervenciones domiciliarias y las telefónicas.

El Tribunal Supremo lo ha rechazado casi todo y con esta crítica evidente ha puesto sus barbas a remojar viendo de reojo lo que llegará cuando el asunto de los ERE o la Gürtel sean enjuiciados y se presenten los recursos de casación. La Sala Segunda ha tardado un año en emitir la sentencia del caso Malaya. No quiere más atracones así.