Tribunales

La Junta exige que el dinero de Malaya vaya a Marbella

De Llera afirma que lo pedirá oficialmente al Gobierno – El tribunal ejecutará la sentencia de Malaya en septiembre

31.07.2015 | 08:18
Imagen del principal procesado del caso Malaya, Juan Antonio Roca.

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, confirmó ayer su intención de pedir formalmente al Gobierno central que el dinero y los bienes decomisados del caso Malaya recalen en Marbella y no en las arcas del Estado, como ha decretado el Tribunal Supremo en su sentencia final del caso, rectificando así a la Audiencia Provincial de Málaga.

De Llera pidió que ese dinero vaya a la ciudad costasoleña para que pueda «resarcirse del extraordinario desfalco que ha sufrido ese Ayuntamiento», aunque matizó que, «con la ley en la mano», las multas deben ir a parar a la Administración General del Estado. Así, dijo que pedirá al Gobierno hacer «un ejercicio de solidaridad» para que destine unos fondos «con los que probablemente no contaba para conseguir que Marbella recupere su erario público».

El Supremo decretó el miércoles, en la sentencia definitiva del caso, lo siguiente: «Se deja sin efecto toda referencia de la sentencia de instancia a que se destinen los bienes decomisados y el importe de las multas satisfechas a abonar las deudas generadas con el Ayuntamiento», que debe 500 millones de euros, sobre todo a Hacienda y a la Seguridad Social, losa económica heredada de los años del gilismo. El Alto Tribunal español entiende que «debe seguirse la normal».

Sólo el principal procesado, el exgerente de Urbanismo Juan Antonio Roca, tiene que pagar 232 millones de euros en multas, después de que haya visto cómo se le aumenta la pena desde los 11 a los 17 años, al igual que a once exconcejales, al haberse considerado el cohecho en un grado mayor de gravedad al que determinó la Audiencia Provincial en su fallo.

De Llera se suma así al alcalde de Marbella, José Bernal, que el miércoles expresó su deseo de que el dinero acabe en su ciudad. El consejero tampoco entiende por qué la Junta de Andalucía no puede personarse en el caso como acusación popular.

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, también consideró ayer que «lo sensato y lo razonable» es que el dinero revierta en Marbella, porque fue «el origen del caso de corrupción y la ciudad ha sido expoliada».

El Supremo dio así la razón a la Fiscalía, cuyos representantes, aplicando el principio de legalidad, han reclamado que los bienes acaben en el municipio saqueado. También opinó ayer el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, quien dijo tener «una impresión favorable» de la sentencia después de que se hayan acogido un número importante de motivos de su recurso de casación. Él lideró, junto al juez Miguel Ángel Torres, la investigación de Malaya.

Sobre el dinero, indicó que los ayuntamientos «también forman parte del Estado; en la medida en que el Estado es el titular de la capacidad presupuestaria y de gasto, repercute en beneficio de todos». En cuanto al tiempo que ha durado la instrucción, juicio y dictado de las sentencias, entiende que se trata de un periodo «más que razonable».

Por otro lado, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga va a ejecutar la sentencia definitiva de Malaya en septiembre, dado que ya no hay tiempo antes de agosto. Ello supondrá que muchos de los 49 condenados entren en prisión –entre ellas Marisol Yagüe e Isabel García Marcos– y se les despoje de gran parte de su patrimonio y de su dinero. Eso sí, para llevar a cabo una ejecución de esta envergadura el tribunal necesitará un secretario judicial de refuerzo, con el que por ahora no cuenta. Además, fuentes de las defensas de varios exediles confirmaron ayer que van a pedir al Supremo la rectificación de la sentencia pues se aumenta la pena de sus clientes sin haberlo solicitado el fiscal.

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