­El Tribunal del caso Malaya, presidido por José Godino e integrado por Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald, consciente de la sentencia histórica que iban a poner el 4 de octubre de 2014, decidieron decretar que las multas, los bienes decomisados y la responsabilidad civil revirtiese en Marbella. Sabían de la dificultad de su encaje legal, pero no podían hacer otra cosa. A veces, la Justicia tiene mucho de reparación moral, pensaron. Y eso es de lo que se trataba. Ayer, el Tribunal Supremo echó abajo en su sentencia ese punto vital para una ciudad endeudada. El dinero irá al Estado.

La corrupción generalizada, dijeron los tres magistrados malagueños, produjo «evidentes perjuicios morales y económicos» en Marbella. «No es justo que Marbella se encuentre endeudada mientras los bienes revierten en otras administraciones», aclararon.

Lo cierto es que la ciudad debe más de 500 millones de euros a Hacienda, la Seguridad Social y numerosos acreedores después de 15 años de saqueo generalizado con el gilismo. La asfixia es importante. Por eso, el dinero de las multas de Malaya, unos 760 millones de euros en multas a lo que hay que sumar la responsabilidad civil y los bienes intervenidos, tendrían que haber acabado en la ciudad costasoleña, siempre según el tribunal de Málaga.

Sin embargo, el Supremo es taxativo: «Se deja sin efecto toda referencia de la sentencia de instancia a que se destinen los bienes decomisados e importe de las multas satisfechas a abonar las deudas generadas con el Ayuntamiento de Marbella».

Entiende la Sala Segunda del Alto Tribunal del país, que «debe seguirse la norma», y la norma es clara: el dinero producto del blanqueo debe acabar en el Estado. El de la malversación, en la ciudad. Pero Malaya es eminentemente un proceso de blanqueo, mientras que sus muchos de sus primos hermanos -Minutas, Saqueos 1 y 2, El Pinillo, Goldfinger, el caso Convenios...- sí son de malversación. En esos procedimientos se batirá el cobre Marbella para recuperar parte de lo esquilmado.

Las multas y depósitos, cree la Sala Segunda, presidida por Juan Saavedra -que se jubila ya-, ha de ir «a favor de la Administración General del Estado». «Desconocer el procedimiento establecido equivale a infringir la norma vigente». Y añade: «En cuanto a los decomisos, debe seguirse el dictado de la norma».

«Y la Audiencia directamente no puede afectar su destino a abonar deudas con las entidades públicas reseñadas, debiendo prevalecer el principio de legalidad sobre otros criterios que están al margen de la decisión del tribunal», por lo que se estima ese punto del recurso del fiscal.

La Sala malagueña, sin embargo, lo que hizo es hablar de «deseo y esperanza», y aludió a que ese remanente podía a ir a rebajar las dudas con Hacienda y la Seguridad Social. El fiscal Anticorrupción del Supremo fue directo y en las vistas de los recursos de casación ya insistió en que no podía haber otra decisión que no fuera que ese líquido acabase en el Estado invocando el principio de legalidad.

El Ayuntamiento de Marbella emitió ayer una nota en la que su alcalde, José Bernal, anunció que solicitará al Ejecutivo central que se comprometa a que los fondos que se recauden por las multas de Malaya «lleguen a la ciudad en forma de inversiones en planes de empleo, infraestructuras y promoción».

Bernal lamentó que se haya eliminado la mención sobre el destino del dinero, y aseguró que «habrá que dar la batalla en el terreno político». «En el origen de las multas se encuentra el desfalco de Marbella y, por ese motivo, entendemos que deben repercutir en la ciudad». «Es injusto que Marbella no reciba esa compensación», dijo. También criticó que Marbella no se hubiera personado como acusación en el Supremo, lo que hubiera supuesto una defensa más eficaz.