La Policía Nacional ha detenido a 212 personas por su relación con una «macroestafa» por valor de más de cuatro millones de euros y con más de 7.000 víctimas de todo el país que se encargaba de cobrar servicios de publicidad a empresas que no los habían contratado.
Para ello, y como ya adelantó este periódico en su edición del pasado 20 de julio, utilizaban técnicas autoritarias e incluso coercitivas con el objetivo de que las víctimas abonasen el pago, informó ayer el Ministerio del Interior en un comunicado.
En la operación policial, denominada Cuaresma, los agentes llevaron a cabo 13 registros, en los que se incautaron de numerosa documentación que acredita las estafas y las coacciones. Los estafadores también intentaban confundir a sus víctimas identificándose como una conocida empresa de publicidad y así se hacían con los datos fiscales y bancarios para posteriormente realizar cargos ficticios que oscilaban entre los 200 y 398 euros.
La investigación se inició en marzo del año pasado a raíz de una denuncia de una congregación de monjas en Granada en la que manifestaban que una empresa de publicidad había contactado con ellas para que les pagara el proyecto publicitario que habían contratado.
Las primeras pesquisas condujeron a los investigadores hasta una empresa de publicidad localizada en la provincia de Málaga, legalmente establecida, aunque averiguaron que estaba relacionada con veinte empresas más ubicadas en la capital y en la localidad de Torremolinos. Este dato sorprendió a los agentes, que averiguaron que alguna de estas empresas había sido creada por empleados -teleoperadores- que previamente habían trabajado en otra de las empresas investigadas con el fin de aprender la dinámica y hacerse con los contactos para posteriormente dedicarse a la comisión de estafas.
Asimismo, mantenían contacto entre todas ellas e intercambiaban sus listados de clientes, por lo que alguna de las víctimas había sido estafada en más de una ocasión y por más de una empresa.
La autoridad judicial ha autorizado el embargo preventivo de 55 bienes inmuebles valorados en más de 4,5 millones de euros, 48 vehículos valorados en 495.000 euros y 198 productos bancarios con un saldo superior a 1.000.000 de euros.
Según las investigaciones, el objeto social de estas empresas, y la forma dada a su actividad aparentemente legal, era vender publicidad a otras empresas a través de páginas webs, aunque en realidad se dedicaban a cometer estafas en diferentes formas, puntualiza el comunicado.
La investigación ha sido tutelada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga. Ha sido desarrollada por agentes de la Sección de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial Málaga y agentes del Grupo de Investigación de la Comisaría de Policía Nacional de Distrito Oeste de Málaga y ha participado el Grupo de Investigación Patrimonial y Localización de Activos de la BPPJ de Málaga.
Tras el análisis de la información obtenida, los investigadores estiman que el engaño habría podido alcanzar a más de 7.000 víctimas en todo el territorio nacional, a las que habrían estafado un cantidad cercana a los 4 millones de euros.
