«Nosotros vamos cada vez para más mayores y él para más grande», resume Inmaculada. Los 36 peldaños casi recuerdan a los 39 escalones de Hitchcock. Pero no es una película de intriga sino el número de obstáculos con el que Inmaculada Sarmiento, de 44 años y Juan José Navarro, de 49, deben bregar a diario con su hijo Alejandro Navarro, de 15 años, que tiene parálisis cerebral y un 99 por ciento de minusvalía.
En 2001, cuando nació el hijo, la vivienda social de la Junta en la que vivían desde hacía dos años comenzó a hacérseles cuesta arriba: la familia vive en la primera planta del perchelero Llano de Doña Trinidad, 3, el conocido como corralón de Micky porque la puerta principal recuerda al ratón de Disney.
Para llegar a la vivienda sin ascensor deben subir 17 peldaños, más los 18 que luego deberán salvar para llevar a bañar o a dormir a su hijo, ya que los dormitorios y aseos están en la parte de arriba de la casa. Pero desde primavera ni subir pueden con Alejandro, que descansa en el salón con un separador de metal entre las piernas.
«En mayo salió del hospital porque ha tenido tres operaciones de la cadera y desde entonces nos turnamos el padre y yo para dormir con él en el salón porque los dormitorios los tenemos arriba y no podemos subir», explica la madre, que tiene que luchar con las lágrimas cuando toca el colchón en el que duerme su hijo. «Le hemos puesto una manta para que no note los muelles».
Inmaculada, trasplantada de riñón y Juan José, en paro, viven ahora mismo con los 400 euros de pensión de su hijo, más 170 por haber trabajado Juan José durante tres meses con un grupo de desempleados en el mantenimiento de playas. «Este mes es el último, ya se nos acaban los 170 euros», cuenta Inmaculada, que explica que suelen sacar a su hijo dos veces al día, pero si el padre trabaja, «tengo que pedir ayuda a los vecinos para sacarlo en carrito a la calle». «Necesitamos bajarlo dos personas a la vez», detalla.
El matrimonio lleva unos 12 años reclamando a la Junta el traslado a una vivienda en planta baja para que su hijo pueda tener mejor calidad de vida. Alejandro, por cierto, es alumno en el colegio de educación especial Santa Rosa de Lima.
Hace unos meses acudieron inspectores, vieron el caso -antes de la operación de Alejandro- y propusieron a la familia un piso en El Atabal que rechazó. «Dijimos que no porque no tenemos vehículo y si mi marido no está trabajando no hay dinero ni para coger el autobús», resume Inmaculada. «No podemos salir de Guatemala para ir a Guatepeor», argumenta Juan José.
Para Juan Romero, presidente de la asociación de vecinos de la Trinidad, la Junta podría tener pisos que ofrecer para casos urgentes como este «pero para eso debería estar presionando a los jueces para los 15 ó 20 ocupas que hay en viviendas sociales de la Junta, al menos en La Trinidad». Juan Romero, que acompaña a la familia, aclara que «no son ocupas como los de los bancos, son personas que no se han metido en una lista legal, porque hay personas con mayor necesidad que ellos, y se la saltan a la torera para meterse ellos».
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía recabó esta semana a este periódico los datos de la familia aunque todavía no ha dado una respuesta.
«Con que pudiera abrir la puerta y salir a la calle eso sería una vida nueva», comenta Inmaculada.
