Sucesos

Desarticulada una red de La Rápida que movía un millón de euros anuales

El mayor golpe dado a esta práctica ilegal en la provincia salpica a 44 personas que se enfrentan a multas de entre 10.000 y 300.000 euros

06.08.2015 | 05:00
Material intervenido en la operación.

­Duro golpe a La Rápida, el sorteo ilegal de raíces malagueñas que se basa en la confianza, en los números de la ONCE y en la rapidez con la que se cobran los premios. El Servicio de Juego de la Cuerpo Nacional de Policía adscrito a la Junta de Andalucía desarticuló el pasado 28 de julio una organización compuesta por 44 personas en una operación que ha supuesto la mayor incautación de boletos de este juego con 163.590 unidades, además de algo más de 2.300 euros en efectivo. Para los responsables de esta actuación, estos números y el hecho de que se haya localizado la sede de la organización supone que la operación sea la mayor que se ha realizado en Málaga contra esta práctica.

El cabecilla, siete recaudadores y hasta 36 vendedores o rapideros podían mover en torno a un millón de euros anuales, según se desprende del material informático y la documentación de contabilidad intervenidos, según explicó el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, quien añadió que los implicados en esta organización no han sido detenidos pero se enfrentan a un proceso administrativo que supone sanciones que van desde los 10.000 a los 300.000 euros.

En todo caso, Ruiz Espejo apuntó que será la investigación y la autoridad judicial quienes determinen si estas personas han cometido algún delito en el ámbito de su actividad. El jefe del Área de Juego de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, Juan Miguel Jiménez, explicó que el juego de La Rápida se basa en talonario con dos partes, una para la organización y otra para el jugador: «En las dos se refleja el número que se juega y la cantidad». El investigador señaló que la red operaba en prácticamente toda la capital y parte de la provincia, aunque destacó especialmente la zona del Molinillo, los mercados y Cártama.

Fraude. Ruiz Espejo destacó la obligación de la administración de perseguir este tipo de actividades ilícitas porque suponen un fraude social, económico y a los propios consumidores. «No hay ningún tipo de impuestos a la Hacienda Pública, no hay alta a los trabajadores de estas organizaciones y los consumidores no están amparados por ninguna garantía a la hora de cobrar los premios», concluyó el delegado del Gobierno.

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