Los teleoperadores del 061 en Málaga cumplen hoy 139 días de encierro en una huelga que suma ya cuatro meses sin visos de finalización. El pasado 26 de marzo los empleados -gestionados por una subcontrata- decidieron hacer un encierro indefinido con la intención de denunciar la actitud de la empresa y con la convicción de que esta daría marcha atrás en algunas decisiones. Cuatro meses después no sólo no han cedido a sus reivindicaciones, sino que han despedido a una trabajadora y expedientado a otra por dejación de funciones, según confirmaron ayer a La Opinión los propios trabajadores.
Por este motivo, hoy se concentrarán a las puertas del hospital Clínico hospital Clínico con la intención de denunciar la situación que padecen y para reivindicar ante los pacientes la situación que padecen.
El secretario general de CGT Andalucía, Miguel Montenegro, señaló que la última maniobra de la empresa -antes Mkplan 21, hoy renombrada Ilunion Emergencias- ha sido despedir a una trabajadora que llevaba más de 20 años al servicio del Servicio Público de Emergencias como coordinadora de llamadas por el simple hecho de ser parte del comité de huelga. «En su carta de despido dicen que con la huelga ha dejado de atender llamadas», critica Montenegro, que niega que esto haya ocurrido pues los servicios mínimos están al 100%. «Cualquier persona puede llamar y ver que se está atendiendo con normalidad», destacó. Por el mismo motivo han expedientado a otra trabajadora que lleva en el servicio de llamadas del 061 desde su apertura, hace un cuarto de siglo.
Miguel Montenegro asegura que la decisión de la empresa es consecuencia directa de una reunión entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los trabajadores. «Con esta decisión, lejos de conseguir lo que pretendían, han creado si cabe más unión y más ganas. La plantilla está muy unida», afirma.
Los trabajadores se reunieron con la empresa hace tres semanas para tratar de llegar a un acuerdo. Según el sindicalista, ésta duró diez minutos y el máximo responsable de la misma les informó de que estaban satisfechos con el proceder de los directivos andaluces. Días después se reunieron con el SAS y los directivos le mostraron su interés por que el conflicto se resuelva. «Nos informaron de que el contrato, que acababa en enero de 2016, se ha prorrogado un año más. La empresa ya ha conseguido lo que quería», dijo, al tiempo que explicó que la empresa está «utilizando» el conflicto para obtener más recursos de la Junta de Andalucía y un mayor presupuesto.
Los setenta trabajadores que conforman la plantilla, amparados por CGT, decidieron ponerse en huelga porque, según explicaron, la empresa ha incumplido en varias ocasiones el convenio colectivo y ha expedientado a quienes se han quejado por ello. Por este motivo, piden que Ilunion Emergencias cumpla con el convenio colectivo y que, si no, sea el propio Gobierno andaluz el que les dirija. Fuentes de la empresa, subcontratada por la Junta de Andalucía para cubrir la gestión de casos de emergencias públicas en la provincia, declinó hacer declaraciones a este periódico.
