Cientos de personas fueron estafadas en España entre 2011 y 2013 por una red dedicada a infectar ordenadores con un virus en el que se hacían pasar por la policía y bloqueaba el aparato hasta que la víctima abonase una «multa» de 100 euros. Detrás de esa lucrativa actividad de cibercrimen hay una compleja estructura en la que intervienen expertos programadores a sueldo de las mafias hasta grupos de crimen organizado encargados de blanquear el dinero estafado.

Se trata de un largo proceso en el que van más allá del clásico spam llegando incluso a contratar anuncios en medios de comunicación de internet para redireccionar a sus posibles víctimas hasta los dominios infectados. Así actuaba esta mafia que terminó simulando alertas de cuerpos policiales de hasta 22 países distintos para amedrentar a sus víctimas y obligarlas a pagar, generalmente tras visitar sitios de contenido pornográfico. La red llegaba a facturar una cantidad superior al millón de euros al año y en torno a 40.000 personas en toda Europa se vieron afectadas por sus actividades. Por vergüenza, muchos pagan y ni siquiera denuncian la estafa cuando son conscientes del fraude.

Una decena de personas fueron detenidas en Málaga en 2013 en el marco de una macroperación internacional en la que ya había sido arrestado su cabecilla, Aleksandr Krasnokutskiy, alias Abramovich, un ruso de 27 años que se encontraba en Dubai y fue extraditado a España. La Audiencia Nacional ha procesado a trece personas que serán juzgadas próximamente.

En esta causa está personada como acusación popular la Asociación Nacional de Afectados por Internet y las Nuevas Tecnologías, un colectivo que defiende a personas víctimas de abusos en la red. En este caso representa a 390 personas damnificadas por el conocido como virus de la Policía. En su escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press piden penas de entre cuatro y trece años de cárcel para los procesados.

El centro de las operaciones de dinero que era enviado a Rusia lo establecieron en la Costa del Sol. De los 13 procesados, nueve viven en Málaga.