Todavía no han sido convocadas las elecciones. Ni siquiera han empezado las capitulaciones que suelen dar paso a los movimientos electorales. Sin embargo, Málaga, está a unos días de despedirse de su subdelegado del Gobierno. Y no por mala conducta ni por haber perdido la confianza de Rajoy. La ley de la Administración, tozuda e inamovible al respecto, impide seguir en el cargo a un funcionario que haya sobrepasado los 70. Hernández Mollar se marcha. Y, en principio, poniendo el punto final a una carrera política que le ha llevado al Congreso y a Bruselas. Su balance, asevera, es positivo, lo que no es muy habitual en tiempos de crisis.
La normativa de la Administración le obliga a dejar el cargo meses antes de lo previsto. ¿Le resulta frustrante no agotar el mandato?
Me voy en el tiempo que está estipulado por la ley, pero también con la sensación de haber cubierto con creces una etapa. Después de 40 años de servicio público, primero como funcionario y luego en los diversos cargos políticos que he ocupado, me parece que este periodo se cierra y que, además, se cierra bien. Se me abre una nueva página y la verdad es que tengo ganas de escribirla y de manera sosegada, como corresponde a la jubilación.
Tampoco parece que le vayan a dejar descansar en sus últimas semanas. En pleno verano le ha tocado enfrentarse con las críticas a los presupuestos. El alcalde Málaga, por ejemplo, reclama más inversión directa.
Estos presupuestos, a diferencia de los tres anteriores, se han hecho sobre una base diferente, que es la de la recuperación. Aun así, no dejan de ser unos presupuestos que contienen una inversión realista y adecuada a lo que ha sido todo este periodo; en ese sentido, incluyen partidas dirigidas, en primer lugar, a ir terminando los proyectos en curso y, en segundo término, a dejar clara la voluntad política y el compromiso del Gobierno con otras iniciativas.
Málaga no está, sin embargo, entre las provincias más respaldadas por el proyecto.
Los últimos gobiernos, y ahí tiene la cantidad y la calidad de las infraestructuras, se han volcado con Málaga. Y el actual, por supuesto, también se moja. Cuando se miden los presupuestos no hay que mirar en exclusiva a la inversión en sí misma. Fomento lleva invertido en esta legislatura más de 1.500 millones. Y en obras importantes que permiten avanzar y reforzar el tejido productivo. Fíjese, por ejemplo, en el bypass ferroviario que se va a practicar en Almodóvar del Río para comunicar por AVE a Málaga y a Sevilla, que se va a hacer con una obra sencilla y no con el proyecto incumplido por la Junta, que anunció a bombo y platillo una conexión directa que era un despilfarro y que, además, no se llegó a realizar.
De la Torre se refería en sus declaraciones a actuaciones concretas como la prolongación del Cercanías al PTA.
Está comprometido un estudio para esa actuación. La ministra de Fomento, Ana Pastor, me ha demostrado siempre ser cumplidora al máximo y conocer, de sobra, las necesidades del terreno que pisa. Naturalmente hay partidas que se repiten o que se postergan, pero eso no quiere decir que se renuncie a los proyectos. Incluso, hay una inversión prevista de 200.000 euros para el soterramiento de las vías del tren en el puerto, lo que pasa es que no ha sido consignada directamente por Hacienda. Seguramente se incluirá vía enmienda.
¿Se recuperará algún día y por fin la comunicación por tren con Estepona y Marbella?
Ese es un ejemplo de las partidas pequeñas incorporadas para expresar la voluntad de empezar a dar respuesta al proyecto. Se han aprobado 500.000 euros. El problema es que con este tema la Junta generó falsas esperanzas e, incluso, se permitió el lujo de adjudicar un tramo que no se llegó a construir. Al Gobierno, en eso, le gusta implicarse con seriedad y dejando siempre muy claro cuánto y dónde se invierte. Con la Junta eso es un misterio, porque al no provincializar sus presupuestos, no hay forma de saber cuánto gastan en sanidad y en educación, a qué dedica el dinero.
Susana Díaz se queja del recorte de los fondos transferidos para desarrollar políticas de empleo.
La Junta elabora muchos planes de empleo, sí, pero sus resultados siguen sin verse. El Estado, por contra, ha hecho una inversión muy importante, la del antiguo PER, que ha supuesto un desembolso de 64 millones de euros. Con un reparto ecuánime, apoyado por toda la comisión de seguimiento, en la que están representadas diferentes administraciones, sindicatos y empresarios.
El Gobierno se ufana de haber detenido la sangría del paro. Sin embargo la cifra es todavía alarmante.
Los sindicatos y la oposición denuncian, además, la tasa de temporalidad de los nuevos contratos, que está por encima del 90 por ciento.
Si existe un ministerio que nos ha dado satisfacciones en todo este tiempo ese ha sido, sin duda, el de Empleo. Desde que entró el Gobierno de Rajoy la curva del paro ha ido continuamente moderándose. En Málaga se ha pasado de un pico de 210.870 desempleados a 181.394. Es verdad que son contratos temporales, que la contratación indefinida aún no está consolidada. Pero la tendencia es incontestable.
Queda un largo camino, pero el Gobierno ha demostrado que puede cumplir y que cumple. Lo de la temporalidad, en cualquier caso, es relativo. Se dice que es un crecimiento estacional, pero la realidad es que esa subida se está manteniendo mes a mes, por lo que no parece tan ligada a un periodo concreto.
Málaga, por su crecimiento y poder de imantación, se ha convertido en una plaza difícil para mantener la seguridad. ¿Qué balance hace de la lucha contra el crimen?
En materia de seguridad es difícil siempre tener una buena sensación, pero tengo que decir que, al igual que ha ocurrido con el empleo, los datos son esperanzadores. El índice de criminalidad ha pasado de los 63 puntos al 48 por ciento. Los delitos han ido descendiendo y eso tiene mucho mérito. Sobre todo, si se tiene en cuenta que los recursos son prácticamente los mismos -alrededor de 5.000 agentes, sumando policía y Guardia Civil-. No podemos olvidar que hablamos de una provincia que duplica e incluso triplica su población en algunas temporadas del año.
¿Se precisa más inversión? Lo digo porque son muchos los ayuntamientos que reclaman más instalaciones y efectivos.
El Gobierno no ha parado en este tiempo de intentar mejorar la situación. Se han abierto los cuarteles de Villanueva del Trabuco y el Colmenar, se va a desatascar el de Antequera. También está previsto que se invierta en estos presupuestos en una nueva comisaría para Vélez-Málaga. Dicho esto, en el futuro sí que veo absolutamente necesario hacer una fuerte inversión en infraestructuras. Si los ciudadanos vieran con qué medios se desarrolla la actividad de algunas comisarías se le pondrían los vellos de punta. En eso conviene que tome nota el Gobierno y que en la próxima legislatura se ejecute un plan general de modernización.
La reforma de los Baños del Carmen vuelve a enquistarse. ¿Es optimista con una solución a corto y medio plazo?
Soy optimista en la medida que haya voluntad por parte de todos los actores en que el tema se resuelva.
Yo, por lo menos, he querido poner ese granito de arena. Lo puse con el jefe de Costas, que ha tenido un papel relevante en los impulsos que se ha dado con el ministerio para poder llegar, primero, a un acuerdo que se ha frustrado por los anteriores concesionarios y , en segundo lugar, para sacar adelante, como mínimo, una parte del proyecto. Me refiero al espigón de Levante, que ya cuenta en los presupuestos con 3,5 millones. Esa parte es real y se va a hacer. La otra, insisto, más allá de las consideraciones legales, depende de la buena voluntad.
¿En qué medida cambia la situación la presencia de Damián Caneda y el resto de inversores?
Ahora mismo hay un contencioso. Los nuevos adquirientes parece que tienen dinero y ganas de invertir. Por eso hice una llamada al alcalde para que se tranquilizara; ahora le toca a él abanderar el proyecto que está parado para que salga adelante. Y confío en que se haga. Por una razón: el delegado de la Junta -José Luis Ruiz Espejo- es una persona afable y conciliadora y creo que si se sienta a negociar con los concesionarios se puede alcanzar un acuerdo.
¿Se atrevería a dar una fecha aproximada para la inauguración de la cárcel de Archidona?
Ése es uno de los proyectos que estaba pendiente cuando me incorporé al cargo. He tenido la oportunidad de visitarla y he de decir que es una cárcel perfectamente equipada; quizá con ese toque excesivo que adquirieron todas las construcciones en la última parte de la vida española, pero, en cualquier caso, se trata de una infraestructura de primer orden, con capacidad para 2.000 internos. Lo que ocurre es que para su apertura se requería una plantilla mínima de 500 o 600 funcionarios. Eso, en la época de crisis, cuando no había horizonte de recuperación, era directamente impensable. La voluntad del Gobierno, obviamente, es abrirla. Y para ello se ha incluido por primera vez una partida en equipamiento. Espero que para finales de 2016 o principios de 2017 esté funcionando. En cualquier caso, ahora mismo no hay saturación excesiva en el centro de Alhaurín de la Torre.
¿Y con respecto al Palacio del Aduana? ¿Cuáles son los plazos?
El Museo de Bellas Artes, en la Aduana, nos va a hacer sentir a todos muy orgullosos. Es una obra magnífica, con una inversión de más de 30 millones de euros y con unos niveles de calidad espléndidos. El proyecto está muy avanzado y las previsiones que manejamos es que para finales de año o principios del próximo se entreguen las llaves a la Junta para que pueda gestionar su puesta en marcha. Estoy convencido de que va a ser la nueva joya de la corona.
La Junta no acaba de poner orden en el galimatías jurídico de los chiringuitos. ¿Se arrepienten de haber cedido las competencias?
La Junta tiene medios y capacidad de sobra para resolver la situación y llegar a acuerdos. Con los problemas que tiene el Estado, con cuestiones tan importantes sobre la mesa como Cataluña o Navarra, sólo faltaría que tuviera que ocuparse también de este tema. Sinceramente no creo que se trate de competencias que tengan que ser restituidas al Estado.
En las últimas décadas la Costa del Sol se ha convertido en un destino predilecto para el crimen organizado. ¿En qué aspectos habría que incidir para acabar con el problema?
Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil se han conducido en este tema con profesionalidad y efectividad. Son numerosas las operaciones que se han llevado a cabo, con nuevos grupos, además, especializados. En cualquier caso, conviene dejar una cosa clara: la Costa del Sol no tiene grupos criminales que operan en la zona. Es falso que la mafia actúe aquí. Lo que pasa es que se trata de un sitio muy atractivo en el que algunos buscan refugio. Y eso provoca que, de vez en cuando, se produzcan ajustes de cuentas.
Su nombramiento coincidió con la polémica del robo del almacén de droga del puerto.
Sí, y podemos decir, al igual que con el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), que es un tema que se ha resuelto. Además de clausurar el almacén, se llegó a un acuerdo entre varios ministerios para acelerar la destrucción de la droga una vez que sirva en el proceso judicial. En eso Málaga ha sido pionera.
