En los últimos tres años, en su condición de máximo representante del Gobierno, ha tenido que lidiar con una época convulsa. Y no sólo en lo económico, también en lo social. ¿Temió en algún momento que los ánimos y la indignación deviniera en una revuelta más seria?

En estos cuatro años nos han sido comunicadas la celebración de alrededor de 5.050 manifestaciones. Y de ellas, han sido autorizadas más del 80 por ciento. Todas ellas se han llevado a cabo sin ningún incidente. Como no podría ser de otra manera, he intentado ser todo lo más flexible posible a la hora de aplicar los derechos de manifestación y de reunión. Son pocas las movilizaciones que se han prohibido. Nuestra consigna ha sido siempre garantizar que quien lo solicitara pudiera expresarse libremente. Y, además, protegidos por la autoridad gubernativa.

Supongo que con la nueva ley de seguridad ciudadana tendría más complicado salir airoso y sin polémica...

La ley de seguridad ciudadana actualiza una norma que, aunque positiva en su momento, se había quedado obsoleta y necesitaba ser puesta al día. El Gobierno lo que ha tratado de hacer, primero con la reforma del Código Penal y luego con esta ley, es reordenar determinados delitos que pasaban a ser faltas y viceversa. La norma, sin duda, ha sido muy discutida. Incluso criticada, entiendo, de manera exagerada. Con su aplicación hay muchísimas cosas que no van a cambiar. Es una ley, a mi juicio, más garantista y que en materia sancionadora adapta algunas sanciones a la gravedad de los delitos. La verdad, dicho sea de paso, es que en el mes y medio que lleva de vigencia no hemos notado ninguna diferencia. En cualquier caso, mi opinión en esto es limitada porque se trata de una norma que no voy a tener que aplicar ni ser parte implicada; no más que cualquier otro ciudadano.

Durante su mandato han cobrado protagonismo los robos en el campo. ¿Qué medidas se han llevado a cabo para combatir las pérdidas?

Con ese asunto, y a partir de las denuncias, nos hemos puesto manos a la obra y avanzado mucho. Como subdelegado he expuesto en más de una ocasión la situación que no sólo compete al campo y las cosechas sino también al robo de materiales como el cobre que afectan a empresas e instituciones. El Gobierno ha sido muy sensible al respecto. Incluso creó un grupo especializado. Se ha actuado para evitar los robos pero también en los puntos de venta de los objetos robados. Se van dando resultados. La prueba está en que ya no recibimos quejas ni demandas para que se pongan más medios.