La Audiencia de Málaga ha anulado el tercer grado penitenciario o de semilibertad aprobado al exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, por enfermedad grave e incurable, y considera que su estado «no es en absoluto terminal» y además cree que puede blanquear las «ingentes» cantidades de dinero que no se han recuperado.
La sección tercera de la Audiencia de Málaga atiende el recurso presentado por la Fiscalía y hace hincapié que Muñoz, condenado a más de 13 años y 12 meses por la corrupción en el Caso Malaya, sufre diferentes patologías «graves e incurables».
Por su parte, la Audiencia detalla que el estado en el que se encuentra el político no es «en absoluto terminal» y añade que no hay motivos que atenten contra su dignidad personal para justificar el régimen penitenciario que se le concedió el pasado 3 de agosto. Sobre todo porque la Audiencia recuerda que «los múltiples delitos que cometió a lo largo de su carrera criminal no precisaron de una buena forma física», por lo que el preso mantiene «intacta» su capacidad para delinquir en caso de que finalmente se le hubiese concedido el privilegio.
El juez de Vigilancia Penitenciaria permitió la concesión del tercer grado alegando que Muñoz ya no tiene facilidad para delinquir, «por la escasa peligrosidad del interno y por razones humanitarias y de dignidad personal debido a su deteriorado estado de salud».
Por contraposición, la Audiencia detalla que «sus facultades intelectivas no se encuentran afectadas». Gran parte de las cantidades de dinero que sustrajo Julián Muñoz que todavía no se han podido recuperar. Por ello, la Audiencia no descarta que, disfrutando de una semilibertad, «podría intentar hacerlas aflorar de alguna manera, blanqueándolas, lo que determinaría la comisión de nuevos hechos delictivos».
Insistencia en su débil salud
El auto del Juzgado de Instituciones Penitenciarias, que a principios de mes le concedió el tercer grado, destaca que el estado de salud del condenado es muy complicado y que tiene altas posibilidades de sufrir una muerte súbita, debido a que entre sus múltiples dolencias tiene una cardiopatía isquémica-hipertensiva, diabetes, insuficiencia venosa, hipoacusia bilateral, aneurismo de aorta y un ictus sin secuelas neurológicas.
El último dictamen del médico forense se diagnosticaba un empeoramiento de Muñoz y no se descartaba que en los próximos meses el preso pudiera sufrir un «cuadro súbito e inesperado» que puede desembocar en «la muerte o secuelas graves a corto plazo».
Aun así, la Audiencia estima que se mueven «en el campo de la hipótesis» y que «aunque las perspectivas no son buenas», estiman que «debe valorarse la salud del enfermo en el momento actual» que, aunque sufra patologías «graves e incurables» su estado de salud todavía no se puede considerar «en absoluto terminal».
El auto asegura que las enfermedades crónicas que sufre Muñoz le pueden permitir «llevar una aceptable calidad de vida» y que puede participar en numerosas actividades de las que se organizan en prisión.
Por su parte, el letrado de Muñoz, Antonio José García Cabrera, consideró que la decisión supone «una vulneración de derechos fundamentales, a la vida y a la integridad física». Por ello, ha anunciado que interpondrá, primero, un incidente de nulidad ante la propia Sala, y si no es estimado, recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional (TC). García Cabrera señaló que, al comunicar la noticia a Muñoz se ha quedado «conmocionado» y «abatido».
