Trabajador social de base, cada día se enfrenta a las adicciones en Asociación Cívica para la Prevención. Observa a la profesión desde la presidencia de una institución a la que llegó hace ocho años y espera que la recuperación beneficie a sus colegiados, pues si la Dependencia los catapultó a puestos de salida, los recortes de 2012 en esta Ley ha vuelto a posicionarlos en una situación delicada de empleo.
Lleva ocho años al frente del colegio, echando la vista atrás, ¿han conseguido sus objetivos? ¿Cuáles son sus próximos retos?
Nosotros teníamos un objetivo que creo que hemos conseguido: hacer más visible la institución y, sobre todo, a la profesión. Es cierto que somos una profesión relativamente joven, aunque la figura exista al menos desde el siglo XV, cuando ya había benefactores. Desde un punto de vista más técnico o profesional en el siglo XIX se estructura, y ya en los últimos años Málaga fue una de las primeras ciudades del país que se adaptó. Fue una de las primeras ciudades que cambió el nombre de Asistencia Social a Trabajo Social. En todos los años de democracia no ha habido un proyecto en Málaga en el que no hubiera trabajadores sociales participando, es verdad que nunca hemos sido protagonistas, ni lo pretendemos, pero el ámbito social lleva nuestra seña de identidad. Creo que lo hemos conseguido, seguiremos creyendo que hay salida y que se han cogido muchas propuestas, estamos haciéndonos presentes. Parece que lo social está de moda y más ahora, que llevamos casi un año en campaña, aunque luego no es real. Para lo social hace falta un trabajo a muy largo plazo, por eso los políticos ni se lo plantean.
¿Qué análisis hace de la profesión?
Hemos pasado momentos muy buenos, antes de la crisis la llegada de la Ley de Dependencia supuso un repunte de la profesión en Andalucía, pasamos a tener un papel crucial en la gestión. La puesta en marcha de la Dependencia significó poner en valor nuestra figura, hemos sido punteros. La decisión política que en Andalucía se toma de estructurarla dentro de los servicios sociales con Seguridad Social, Educación y Salud... No es un pilar nuevo, está dentro de los servicios sociales, en otras se planteó de otra forma, aquí es una prestación más. El año 2012 fue el punto de inflexión y tocó mucho a la profesión por los recortes. La gran salida laboral de la profesión es la Administración, no lo somos de ejercicio libre, hay pocos que puedan hacerlo. O bien trabajamos en Administraciones o bien en entidades del Tercer Sector, por eso los recortes a ayudas hicieron que nos resintiéramos. De 2009 a 2012 en Andalucía se ha perdido un 16% de profesionales. Somos una profesión muy dependiente. Aquí no se le ha dado la importancia que tiene atender a las personas que están en una en una situación peor y que esas no vayan a más con sus costes sociales. Eso se impide si se hace una buena prevención.
¿Por qué medidas pelean?
El Consejo Andaluz de Trabajo Social, en el que estamos los ocho colegios, entregará un documento en los próximos días para pedir un pacto por los Servicios Sociales, cosa que ya pedimos en 2012. La legislatura anterior fue una gran decepción y quedó en el cajón la nueva ley de servicios sociales, la actual es de 1988. Junto a Canarias, Andalucía es la única que no la ha renovado. Planteamos hace dos años la necesidad de ese acuerdo de un pacto por los servicios sociales y no sólo no se ha hecho, sino que ha ido a peor porque ahora hay más pobreza, más desigualdad y más necesidad de personal. Por eso pedimos actualizar la ley, ampliar el salario social o instaurar la renta básica y la ley de inclusión social. Todo iría dentro de la Ley de Servicios Sociales, pero necesita una normativa específica.
¿Es insuficiente el salario social andaluz?
Hay un salario social desde 1992, y aunque no hay muchos datos, en 2013 había entre 15.000 y 20.000 solicitudes a la espera. Cada vez hay más personas que lo necesitan, de ahí que pidamos una modificación. Queremos abrir un debate de renta básica, que se hable y que, como mínimo, se actualice el salario social que existe.
Estamos en año electoral, ¿cree que los partidos «juegan» con la situación social para las campañas?
Sí, y me parece mal, es un juego perverso. A veces no sé si es desconocimiento o una tomadura de pelo cuando se habla de conceptos, se confunden Servicios Sociales con Dependencia. Se juega con los términos y, si no recuerdo mal, sólo dos comunidades autónomas tienen el nombre de servicios sociales como tal. No tiene nada de malo, a veces no sé si es un juego, parece que vende más, cuando luego incluso en la realidad ves que se queda en eso, no existen luego unos servicios o un trabajo como tal. Inventan cosas raras, es el cuarto pilar y todo lo que cuelga de ahí parece que se usa para vender cosas. Habría que tener cuidado para decir claramente qué se va a hacer, porque lo que hace falta es dinero y tiempo. Todos los problemas conllevan tiempo y dinero, de nada sirven planes sin continuidad y presupuesto.
Los trabajadores sociales son testigos directos de la crisis. ¿Se llevan el trabajo a casa?
No debemos, pero es verdad que los problemas y las personas con ellos no tienen vacaciones. Es difícil desconectar porque estamos hablando de situaciones, sentimientos complicados de dejar de lado. Hay que ser de piedra para que haya cosas que no te afecten.
¿Perciben la mejoría que mencionan últimamente los políticos?
Yo no la percibo, y soy muy cuantitativo. Los datos no me dicen eso, es cierto que el empleo ha mejorado un poco pero si ves los contratos ves que es pan para hoy y hambre para mañana: de tres días, de horas.... Desde la objetividad, viendo datos oficiales, lo que creo es que si los rascas a veces hay muchas cosas por detrás. Es verdad que no se pasa hambre como en Somalia, pero nos tenemos que medir con nuestros propios parámetros. Y con ellos somos pobres.
La palabra desahucio vino para quedarse. ¿Cree que de verdad llegaremos a que sean cero?
Yo lo veo difícil. Son muchas personas, muchísimas, no será una cuestión de hoy para mañana, deberá pasar tiempo. Y luego hay algo que no se aborda: se pierde la vivienda como espacio físico, pero no se toca el absentismo escolar, problemas de salud, problemas de relaciones personales. Son muchos los elementos que se ven afectados y no se abordan.
¿Qué otras consecuencias supone perder un hogar?
De entrada ya no hay un domicilio. Eso hace que no tenga un espacio físico al que mandar una carta para, por ejemplo, conceder una prestación. El cambio de sitio hace que los niños, quizás, tengan que escolarizarse en otros colegio... No se les atiende desde el punto de vista psicológico ni psicosocial. También se crean problemas familiares. Detrás de un desahucio hay mucho, un componente psicológico de abandono, verte en la calle tiene consecuencias. Hay un estudio que alertaba de que el 100% de los desahuciados tuvieron por ello problemas de salud.
El Tercer Sector se ha convertido en una de las patas de la crisis, ¿cómo lo viven?
Lo veo muy mal. Es magnífico que haya entidades y asociaciones así, pero me parece mal que en estos tiempos se haya delegado mucha responsabilidad pública en entidades con el riesgo de estar pendiente de una subvención. Las personas deberían tener derecho a unos mínimos básicos y eso falta por parte de la Administración. Igual que la salud es gratuita y casi universal, o la educación, no se ha conseguido que los servicios sociales lo sean. Y el Tercer Sector es un factor interesante para a la Administración, porque cubren la parte que esta no hace.
¿Y la inmigración? Vemos estos días cómo las fronteras europeas se enfrentan a ese drama colectivo.
Lo veo desde un punto de vista de derechos humanos. El discurso social está muy bonito, pero quien dirige es el discurso económico. Todo se supedita a eso, no se ha encontrado ese equilibrio, no podemos defender la vida y a la vez impedirla. Quienes vienen es porque defienden su vida, pero desde Europa se lo impedimos, es muy contradictorio. Nuestra propia definición defiende los derechos humanos, es nuestra razón de ser.
"La Ley de Dependencia supuso un hito clave y fundamental. Pero ahora no hay transparencia"
Andalucía ha mantenido la inversión en Dependencia pero denuncia que el Gobierno incumple. ¿Cómo lo ve?
Andalucía hizo un buen planteamiento en 2007 desde el punto de vista de cómo estructurarla para la gestión, pero corrió mucho, quiso ser la primera. Pero hay que ver cuánto queda por correr y a quién llevo al lado. Desde el Libro Blanco se ha superado todo, se corrió tanto sobre todo en ayuda económica a familiares que, cuando llegaron la crisis y los recortes en 2012, fue cuando se llegó al máximo de beneficiarios, 195.000. Esa cifra jamás se volvió a alcanzar, se hizo sin buenos cimientos y no han aguantado, creo que la última cifra era de 163.000. Se han perdido y no se han repuesto a 30.000 personas. No hay transparencia sobre el tema, ni por parte del Gobierno ni de la Junta, no hay datos.
¿Qué supuso la llegada de esta ley?
Supuso un hito clave y fundamental, el primer derecho subjetivo desde el punto de vista social, cualquier persona lo puede reclamar en los tribunales, ha sido la primera vez que algo social algo así se ha hecho estatal. Eso dificulta que el sistema se coja con alfileres, por eso lo pedimos así para los Derechos Sociales. Fue la primera ley marco, fue un hito, por el fondo y la forma. Espero que abra camino a la de Servicios Sociales.
¿Apuesta por un pacto por la Dependencia?
Personalmente no pensamos que haya que hacerlo, ahí discrepo. Creemos que el pacto necesario es el de los Servicios Sociales, pactamos por una parte. Vamos a pactar por el sistema y dentro está la Dependencia. Pero si pactamos solo por la Dependencia, de alguna manera, obviamos los servicios sociales.
¿Qué otras medidas sociales urgentes cree que habría que tomar?
Lo urgente diría, y no quiero cargar contra la Junta, es que cojan el timón. Elaborar esa Ley y partir de que salgan otras para la competencia de los Servicios Sociales de la Junta, organizar y dirigir, es la que tiene que mandar las claves y las señales para que ayuntamientos y diputaciones hagan la labor, porque si no, tendremos tantos planes como municipios si no se marcan líneas en ese aspecto. De aquí a unos meses pasará algo importante con la Ley de Racionalización, que entre otras cosas quita las competencias de los servicios sociales a los ayuntamientos. ¿Qué va a hacer la Junta de Andalucía con esto? Es una gran incógnita, está todo el mundo preocupado y entra en vigor en enero. Se está negociando, pero sería bueno que alguien nos dijera algo.
