«Es o la salud, o comer. Y muchos eligen comer». Son las palabras de un auxiliar de una farmacia del centro de Málaga que admite que desde que entró en vigor el copago sanitario han sido varias las ocasiones en las que un cliente ha decidido no llevarse la medicación recetada por su médico por motivos económicos. No obstante, recuerda: las farmacias de barrio lo han sufrido más, pues el público del centro es distinto al del resto de la ciudad.

Según desvela el Barómetro Sanitario de 2014, del Ministerio de Sanidad, más de 420.000 andaluces declinaron retirar de la farmacia el medicamento prescrito por motivos económicos.

Y es que la crisis económica y muchas de las decisiones tomadas por la Administración Pública a consecuencia de esto ha ocasionado que muchos ciudadanos no puedan pagarse su medicina. En concreto, el 4,5% del total, o lo que es lo mismo, 2.089.793 de españoles. Andalucía es, en el ranking de comunidades, una de las más perjudicadas. La media afecta a la comunidad más que al resto del país, con un 5,1%, por debajo de la Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón y Cataluña, donde rozan el 8%.

Desde que entró en vigor la nueva medida de copago y desde que se desfinanciaron numerosos fármacos, han sido sonados los casos de usuarios que han declinado llevarse un medicamento. Pero también ha aflorado la solidaridad. Farmacéuticos que han hecho la vista gorda y ganado menos o ciudadanos que han sido testigos de la necesidad y han abonado la diferencia. Sin ir más lejos, hace un año, se vivía un caso de esta índole en la farmacia de la Cruz de Molinillo. «Mujer llorando porque no tiene 8 euros para el medicamento que necesita y tiene recetado. Se lo ha pagado el de atrás», escribía un malagueño en Twitter.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Málaga, Segundo Martín admite que el impacto del decreto ha sido muy alto para la población con rentas bajas. «Y algo muy importante, se ha perdido la adherencia al tratamiento», asegura.

Para Martín, la cifra de un 5,1% está alejada de la realidad. Reconoce que no hay mucha información al respecto y que las encuestas pueden no mostrar del todo la realidad pero, según los datos que maneja su entidad, un 18% de los pensionistas habría dejado de tomar tratamientos por motivos económicos y, en el caso de parados, calculan que podría ascender a un 25%. Otro de los colectivos que ven más delicados es el de los enfermos mentales, que también ha tenido que elegir entre tomar sus medicinas o atender otras necesidades más cotidianas, como comer o pagar la vivienda.

Bajo su punto de vista, las consecuencias de estas medidas han afectado más en unas comunidades autónomas que en otras. De hecho, señala que en sitios como por ejemplo el País Vasco -donde la cifra es de sólo el 1%- el número es menor porque no se aplicó la medida.

La punta del iceberg

De este modo, señala que las patologías que más afectadas se ven por renta son las crónicas que dependen de varios medicamentos para el tratamiento. «Estos datos son la punta del iceberg de lo que ha supuesto el impacto de esta norma sobre la población», insistió. No obstante, los números son mejores que en los del estudio del año anterior, cuando la cifra de andaluces que dejaban de adherirse al tratamiento era de un 5,49%.

Otra de las situaciones que analiza el barómetro es la acumulación de fármacos en el hogar. Un 11,3% de los andaluces -casi 950.000- reconoce que guarda envases enteros sin usar de medicamentos recetados por su médico. La cifra es más baja que la media española, de un 17,5% y la última por la cola. La comunidad autónoma donde más envases guardan sus ciudadanos es La Rioja, con el 30,9%, y Madrid, con el 26,1%. Este extremo confirma que la racionalización surte efecto en Andalucía, seguida de cerca por Galicia, con el 12,1%.

El motivo que lleva a 950.000 andaluces a guardar cajas enteras en sus casas es, principalmente, que hayan sido fármacos recetados por adelantado, lo que ocurre en el 47,7% de los casos, seguido de un 35,2% que los dejó de usar porque le cambiaron el tratamiento. Un 27,3% decidió dejar de tomarlo por su cuenta y riesgo.

La cifra de cajas sin usar es, cuanto menos, sorprendente. Un 76,1% tiene menos de cinco cajas en el botiquín sin tocar, pero un 10,2% confiesa tener entre 5 y 10. Un 4,6% es decir, 43.600 andaluces, tienen entre 10 y veinte cajas impolutas. Un 2,3% ­-cerca de 22.000 personas- tiene más de veinte envases cerrados y sin uso.