El concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, afirmó ayer que el Consistorio hará llegar al Ministerio de Hacienda toda la información que recabe sobre la existencia de viviendas de uso turístico, que actualmente están en una situación de «alegalidad» y que «perjudican la calidad del sector y, por ende, del destino». También apostó por exigir la aplicación de los protocolos de seguridad nacional, con el envío de la identificación de todos los huéspedes que se alojen en las viviendas de uso turístico a los cuerpos de seguridad del Estado y el establecimiento de un conjunto de garantías mínimas de seguridad al turista, como seguro de responsabilidad civil, plan de emergencia o señalización de evacuación.
Andrade anunció la convocatoria de una mesa de trabajo que impulse la regulación de este tipo de viviendas, una cita que convocará a la Junta de Andalucía (administración que tiene las competencias en esta materia), a la Subdelegación, a Hacienda, a las asociaciones de consumidores y usuarios y a los hoteleros.
El representante municipal comunicó estas intenciones tras una reunión mantenida ayer con representantes de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), la Subdelegación, Gestrisam y el Área de Reactivación Económica y Promoción Empresarial. El objetivo es tomar medidas desde la Administración local para hacer frente al creciente número de viviendas turísticas alegales mientras llega la regulación de la Junta de Andalucía.
El concejal resaltó que es necesario promover un marco legal para ordenar este fenómeno por el carácter estratégico del turismo en términos de empleo y su contribución al PIB y a la recuperación económica. En la reunión se recalcó que la falta de regulación provoca «importantes problemas a la seguridad, la protección del consumidor y la fiscalidad, además de una clara competencia desleal a los hoteleros».
El Ayuntamiento recordó que en julio todos los grupos en el pleno aprobaron una moción para exigir a la Junta que apruebe a la mayor brevedad posible el decreto de uso y funcionamiento de las viviendas turísticas, dado el interés que esta regulación tiene para la viabilidad del sector turístico de la ciudad como uno de los principales destinos urbanos de España.
«Como en la gran mayoría de destinos consolidados, en Málaga se ha producido también un crecimiento llamativo de la cifra de viviendas de uso turístico. Las situaciones de intrusismo y competencia desleal que se pudieran estar dando van en contra de la calidad y la competitividad de los destinos turísticos», aseguró el Consistorio. Según un informe de Exceltur), la oferta de este tipo de alojamiento no reglado en la ciudad es de 28.763 plazas, lo que significa ya el triple de la oferta reglada.
«Desde el punto de vista económico y de sostenibilidad del sector turístico hay que señalar que la existencia de una oferta tan desproporcionada de este tipo de alojamiento supone un peligro claro para la viabilidad del destino, como ya se ha demostrado en otros destinos urbanos españoles, apuntó el Consistorio. Aspectos como la seguridad jurídica del viajero o la calidad del establecimiento también suponen, a su juicio, «una clara amenaza para la imagen del destino en general».
El Ayuntamiento insistió en que algunas autonomías se han adelantado ya a legislar en el ámbito de sus competencias y demandó a la Junta que haga lo propio para establecer unas mínimas garantías para los usuarios y elaborar un censo de viviendas de uso turístico que elimine «la clandestinidad y la competencia desleal».
