La imagen de un niño pequeño ahogado da la vuelta al mundo. Una catástrofe humanitaria que parecía lejos se comprime al momento y la fuerza de la imagen coloca la crisis de los refugiados en la primera línea de todas las agendas y lleva el conflicto hasta la puerta de la provincia. Málaga se encuentra en estos momentos lejos de ponerse de acuerdo en una política común para dar respuesta a la grave crisis humanitaria que atraviesa Europa por la espantada forzosa de miles de personas que huyen del conflicto que lleva años asolando a Siria. Con cada vez más refugiados tocando a las puertas de Europa, también se están evidenciando las primeras diferencias entre los municipios y su determinación de involucrarse de manera activa en la acogida de estos inmigrantes forzosos que están entrando a Europa, principalmente, a través de Hungría. Sin el respaldo de una pauta nacional y ante la dilatación en la toma de decisiones en Bruselas, se está poniendo de relieve la ausencia de verdaderas políticas de asilo en la provincia y la improvisación está tomando el control de la situación. A la llamada de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lanzó el guante de crear una red de ciudades refugio que pudiera servir como una amplia red de acogida para paliar el problema de miles de personas que caminan sin rumbo por Europa, se han sumado los municipios del Rincón de la Victoria, Nerja, Benalmádena, Torremolinos y Marbella.
La ausencia de Málaga capital en esta red se confirmó ayer. El alcalde, Francisco de la Torre, anunció que la ciudad no formará parte al entender que se trata de «medidas improvisadas por los propios ayuntamientos». Con las expectativas rebajadas mostró, sin embargo, estar a disposición del Gobierno central y aseguró que Málaga nunca estaría cerrada a que se puedan cumplir los compromisos que se adopten en el marco de la Unión Europea, según De la Torre, única institución con capacidad para decidir sobre la acogida de los refugiados. «Tiene que ser por ese canal porque no hay otra forma de hacerlo. Es absurdo otra cosa porque los refugiados no llegan directamente a las ciudades, sino a través de los compromisos que se alcancen a nivel de Estado», precisó.
De esta manera, la voluntad de ceder la coordinación de la política de refugiados al Estado choca con la intención manifiesta de los movimientos sociales y del resto de los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento que sí abogan por que Málaga se adhiera a la red de ciudades refugio sin más demora.
Esto se evidencia del anuncio efectuado ayer por la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez, que adelantó una moción mediante la que el PSOE pedirá al gobierno municipal del PP que Málaga sea declarada como ciudad refugio. «La ciudad no puede mirar para otro lado cuando miles de personas están clamando ayuda», señaló Gámez. La portavoz instó al gobierno municipal a crear una mesa de apoyo a personas refugiadas, y aseguró que el PSOE solicitará en la próxima comisión de Derechos Sociales que el Gobierno central apruebe, de manera urgente, un plan de choque humanitario a personas refugiadas que ofrezca plazas de acogida y una escolarización a los menores de edad.
La indeterminación del PP a la hora de declararse ciudad refugio podrá tener su vuelco, si como todo parece indicar, PSOE, Ciudadanos, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente se ponen de acuerdo y consiguen así el respaldo mayoritario de la corporación para unirse a la iniciativa de Colau. Ciudadanos, con su portavoz, Juan Cassá, al frente, pidió ayer al Ayuntamiento que reserve partidas presupuestarias para atender la llegada de refugiados.
El resto de las fuerzas políticas del Ayuntamiento se suman así a las ONG que ya instaron al Ayuntamiento a inscribirse en la lista de municipios dispuestos a acoger a refugiados. Málaga Acoge, en un escrito, pidió al Consistorio que se incorpore a la lista sin más dilatación en el tiempo y recordó que Málaga es de las pocas ciudades en la provincia que cuenta actualmente con un centro específico de atención al refugiado.
Mientras que el Ayuntamiento de Málaga todavía está sumido en la pasividad, la urgencia del problema está acelerando la toma de decisiones en otros municipios de la provincia. Después del Rincón, Nerja, Benalmádena, Marbella -los cuatro primeros en dar un paso adelante- los ayuntamientos de Torremolinos, Estepona y Antequera anunciaron ayer medidas para buscar soluciones a esta situación de emergencia. Manolo Barón, primer edil de Antequera, reunirá este lunes a técnicos del Ayuntamiento y a representantes de varias ONG para elaborar un plan de acción conjunto. Estepona pasa a la acción destinando un 0,7 por ciento de lo recaudado a través de contratos públicos a un fondo de ayuda a la cooperación internacional y crisis humanitaria.
Por su parte, el Ayuntamiento de Torremolinos anunció ayer también la creación de un registro para todas aquellas personas que deseen acoger a refugiados en su hogar.
La Diputación pide solidaridad
Frente a la manifiesta improvisación, la Diputación subrayó ayer la importancia de actuar de forma coordinada e instó a todos los municipios de la provincia a atender la crisis migratoria con todos los recursos a su alcance. Sin concretar aún medidas, la institución provincial se pone a disposición de asociaciones y colectivos que ya están canalizando la atención a los inmigrantes. También, este lunes, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, mantendrá una reunión abierta con diferentes ONG para dar respuesta con medidas concretas a la inminente llegada de refugiados que está suponiendo el mayor flujo migratorio que se registra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Una de las posibles instalaciones que podría funcionar como un hogar de acogida podría ser el Centro Cívico. Ya fue utilizado en 1992 como centro de acogida para los exiliados bosnios que huyeron del conflicto armado en su país. En lo económico, la Diputación prevé una ampliación de su presupuesto a la cooperación internacional hasta alcanzar los 300.000 euros en el año 2016. De este modo se triplicaría la partida actual destinada a este fin en comparación con la computada para el año 2015.
