­El permiso de paternidad de un mes no acaba de ver la luz, un derecho del que disfrutan cada año en la provincia más de 7.100 malagueños y que cuesta a las arcas del Estado 5,2 millones de euros. El Gobierno de Zapatero aprobó la medida en 2009 con el objetivo de que entrara en vigor en 2011, pero año a año se ha ido demorando por los ajustes. La recuperación económica tampoco ha acabado con la moratoria. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 aborta la puesta en marcha del permiso de un mes durante el próximo año con una disposición final en la que señala que la medida «entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017».

Un nuevo aplazamiento a no ser que la enmienda a los Presupuestos de 2016 que anunció hace unos días el PSOE lo remedie. En torno a 30.000 malagueños podrían haber disfrutado desde 2011 del permiso de paternidad de un mes en los casos de nacimiento, adopción o acogida si los gobiernos del PSOE y PP hubieran aplicado la ley aprobada en el Congreso en 2009.

Dos años antes, la ley de Igualdad había reconocido por primera vez en España el derecho de los padres a disfrutar de un permiso propio e intransferible por el nacimiento de un hijo. Entonces se establecieron 13 días a cuenta de la Seguridad Social que se sumaban a los dos a cargo de la empresa donde trabaja el solicitante. Más de 50.000 padres malagueños ya han disfrutado de este permiso retribuido de dos semanas entre 2007 y 2014.

Ampliación del permiso

En 2009, el Congreso aprobó ampliar el permiso a cuatro semanas y fijó enero de 2011 como fecha de entrada en vigor de la medida, pero tanto el Gobierno de Zapatero primero como el de Rajoy después -que se había comprometido a aplicarlo en 2013- han ido aplazando año a año su aplicación alegando motivos económicos.

La ampliación a cuatro semanas sería solo el primer paso de un objetivo acordado por el Congreso: la equiparación total de los permisos de paternidad y maternidad. En octubre de 2012, a propuesta de CiU, la Comisión de Igualdad aprobó una proposición no de ley que pedía al Gobierno, «cuando la coyuntura económica lo permita», aumentar de forma gradual el de los padres hasta llegar a las 16 semanas a las que actualmente tienen derecho las madres.

Pero por ahora ni siquiera se ha cumplido el primer tramo -llegar al mes- y al menos habrá que esperar hasta el 1 de enero 2017, fecha que fija la disposición final sexta del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2016.

No obstante, la secretaria de Empleo del PSOE, Luz Rodríguez, anunció la semana pasada que su partido presentará una enmienda a los presupuestos para que el permiso sea de un mes en 2016, una propuesta que difícilmente superará la barrera de la mayoría absoluta del PP.

El Ejecutivo de Rajoy decidió prologar la moratoria a pesar de que la oficina del Defensor del Pueblo, que dirige Soledad Becerril, había pedido este año al Gobierno que, «en cuanto la situación económica lo permita», «evite» aplazar nuevamente la medida.

Queja al Defensor del Pueblo

El trámite respondía a una queja ante el Defensor del Pueblo que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) había presentado el pasado mes enero. El sindicato destacaba que el «reiterado incumplimiento» de esa medida social «es un buen ejemplo de la contradictoria actitud del Gobierno, ya que mientras reitera su supuesto apoyo a las familias, no pone en marcha una norma tan simple como esta del permiso de paternidad».

Para la CSI-F se trata de «una disposición importante para la conciliación laboral y familiar, y que no supone ningún peligro para el equilibrio financiero de los Presupuestos Generales del Estado». Durante el primer semestre del año, en España se tramitaron 119.409 permisos de paternidad que supusieron un gasto de 99.708.009 euros.