Tormenta política en la provincia a la vista. De nuevo, a raíz de las ayudas tramitadas por la Diputación para pagar el IBI y que, ahora, amenazan con tener su castigo si Hacienda, como todo hace indicar, reclama finalmente a los contribuyentes que se beneficiaron en su día de estas subvenciones tributar por las mismas. Hecho que supondría un grave perjuicio para numerosas familias con rentas bajas que, hasta ahora, estaban eximidas de hacer la declaración de la renta por no superar el umbral de los 22.000 euros de ingresos anuales y que de esta manera se podrían ver obligadas a pagar cantidades 30 o 40 veces superiores a la subvención recibida.

Aunque el Ministerio de Hacienda anunciara en mayo, en vísperas de las elecciones municipales, que estaba dispuesto a ampliar las exenciones que afectan a las ayudas o subvenciones concedidas por entidades locales, como es el caso del IBI, el Patronato de Recaudación provincial ya está informando a los afectados mediante una notificación de que estarían obligados a tributar por la ayuda recibida. En el escrito, aunque de forma no vinculante, avisa al contribuyente de que «la renuncia a la subvención no produce un efecto de cambiar su condición de obligado a declarar el IRPF».

En consecuencia, de nada ha servido que más de 400 personas en la provincia, a instancias de la propia Diputación, renunciaran íntegramente a estas ayudas para no tener que responder ante el fisco. El propio ente provincial, al cristalizarse los problemas fiscales que podría acarrear la subvención, aconsejó a los afectados en la provincia devolver la subvención recibida para no verse en la obligación de hacer la declaración.

A razón de los últimos acontecimientos se extraen dos consecuencias de suma importancia. La primera, la vuelta atrás que se ha producido en la intención del Ministerio de Hacienda de eximir a las rentas bajas de declarar por las subvenciones recibidas. Y la segunda, el perjuicio que puede producir para numerosos contribuyentes en la provincia, a los que se les aplicó la ayuda al pago del IBI de forma automática y que, ahora, tendrían que desembolsar a Hacienda cantidades muy superiores a las subvenciones recibidas que, según el nivel de renta y el valor catastral del inmueble, oscilaban entre los 30 y los 70 euros.

Buena parte de las críticas a esta gestión, defendida en su momento por el PP en la Diputación como un «acto de buena fe», se produjeron en el seno del PSOE. El portavoz en la Diputación, Francisco Conejo, compareció ayer con el respaldo del secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, para acusar al PP de mentir a los malagueños y calificar de despropósito todo lo ligado a estas ayudas al pago del IBI. «Muchos beneficiarios que no hacen la declaración y que deberían de haberla hecho este año por haber recibido estas subvenciones se enfrentan a declaraciones complementarias con las sanciones que las acompañan», explicó Heredia.

Aludiendo en todo momento al afán electoralista de esta medida, recordó también que la Diputación había garantizado en su momento que «ningún contribuyente se vería perjudicado por las subvenciones». Conejo manifestó que «se da la paradoja de que un ciudadano, por recibir una subvención de 30 a 70 euros, tiene que pagar de 500 a 1.000 euros por culpa de una ridícula subvención». Los socialistas aprovecharon su comparecencia para adelantar que pedirán la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y que llevarán una moción al próximo pleno de la Diputación para exigir soluciones a este asunto.

Por su parte, la portavoz del PP en la Diputación, Kika Caracuel, defendió que esta medida se tomó con «el afán de ayudar a la economía familiar y criticó el «oportunismo político del PSOE». En todo caso, aseguró que los afectados podrán contar con la ayuda del Patronato de Recaudación.