Economía

Hacienda presiona a los ayuntamientos y demanda más recortes para 2016

El Ministerio solicita a los consistorios y a la Diputación una previsión de ingresos por subidas de impuestos

09.09.2015 | 10:35

­El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está muy encima de los ayuntamientos para conocer de la forma más exacta posible la previsión de ingresos y gastos para 2016 y los ajustes que se acometerán en el próximo ejercicio. Con este objetivo, el departamento que dirige Cristóbal Montoro se ha puesto en contacto con los 103 consistorios de la provincia y con la Diputación por vía telemática para comunicarles las partidas que deben desgranar a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, según confirma el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde.

El Ministerio, que establece el día 14 de septiembre como plazo máximo para recibir la información, tiene publicada a este respecto una guía de 11 folios en su web para que las entidades locales de todo el país cumplimenten estos datos. Se contempla un formulario simplificado para las corporaciones con menos de 5.000 vecinos censados, y otro ordinario para los municipios por encima de esa cifra de población. Lógicamente, son los grandes municipios los que más datos tendrán que aportar y, por tanto, estarán más fiscalizados.

«Son mecanismos que el Ministerio ha establecido desde hace tiempo para controlar que las administraciones locales cumplen con la Ley de Estabilidad y están realizando los ajustes demandados. Esto se une al control que ya se viene haciendo sobre la ejecución trimestral del presupuesto, la deuda a corto y largo plazo o el plazo medio de pago a proveedores», detalla el concejal malagueño. A su juicio, el Ministerio quiere también controlar que las nuevas corporaciones constituidas tras las elecciones municipales de mayo «se ajustan a lo previsto y mantienen un equilibrio presupuestario. «Se trata de comprobar que nadie desestabiliza, desvía o distorsiona su presupuesto», añade.

Uno de los apartados a rellenar será el dinero extra que prevén recaudar las corporaciones gracias a lo que denomina como «modificaciones de políticas». En concreto, Hacienda ha pedido a los consistorios que cuantifiquen los ingresos que esperan conseguir gracias a subidas de impuestos y supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias, tal y como consta en la documentación enviada. Al margen de adelantar las previsiones de ingresos en ese apartado para 2016, los consistorios también tendrán que explicitar cuánto dinero confían en recaudar este año por esos conceptos.

Los cuadros facilitados por el Gobierno obligarán también a los consistorios a detallar de manera pormenorizada su previsión de ingresos en distintos capítulos. En cuando a tributos, por ejemplo, se tiene que proyectar de manera individual la cuantía a recaudar por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), entre otros. Conde reconoce que es complicado hacer todavía una previsión presupuestaria «fidedigna» para 2016 pero insiste en que lo que a Hacienda le interesa es que «la tendencia entre gastos e ingresos sea positiva».

La información que deben remitir las corporaciones locales se amplía además al conjunto de entidades que integran la entidad (empresas públicas, fundaciones y organismos autónomos, entre otros). Y si en los ingresos se debe explicitar hasta el más mínimo detalle, en los gastos ocurre otro tanto. La primera casilla que deben cumplimentar los ayuntamientos y la Diputación hace referencia a cuánto pretenden ahorrar gracias a la «reducción en costes de personal», incluyendo en ella tanto la rebaja de sueldos como la de efectivos. Otra de los cifras que han de cuantificar es la relativa a los ajustes de asesores.

Hay que recordar también que cuando el Gobierno central aprobó en 2013 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local puso coto al personal de confianza del que podían disponer los consistorios y las instituciones provinciales españolas. Las que atravesaban por problemas económicos tuvieron que meter la tijera de inmediato. Por el contrario, Hacienda quiso premiar a las entidades locales saneadas y les permitió aplazar esos ajustes hasta el pasado 1 de julio de este año. Con esta demanda de información, el Ministerio quiere ahora comprobar que las directrices «se están ya cumpliendo», comenta Conde. En el caso del Ayuntamiento de Málaga, precisa, estos requerimientos demandados por Hacienda se vienen aplicando desde inicios de año.

«Es más, con el pacto de investidura con Ciudadanos tuvimos que hacer nuevos ajustes. Estamos ahora incluso por debajo de lo que marca la Ley», asegura.

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