Casi todos los condenados del caso Nilo por las cartas nigerianas piden el indulto

La operación Nilo estalló en 2005 en Málaga, de forma que fueron detenidas más de 300 personas de esa nacionalidad y 249 enviados a prisión. La instrucción duró un lustro, de forma que se sobreseyó la causa contra más de la mitad. Finalmente, la Fiscalía acusó formalmente a 165 de los implicados y pedía nueve años de prisión por estafa en concurso con falsedad y asociación ilícita.

Ante la magnitud del caso, se iniciaron negociaciones para llegar a una conformidad, de forma que se produjo una avalancha de acuerdos durante el juicio, que debía celebrarse entre el 9 de noviembre de 2011 y el 22 de mayo de 2012, siendo obligatoria la presencia diaria de los 165 acusados. Algunos abogados aseguran que ese fue el motivo de que sus clientes llegaran a acuerdos con la Fiscalía, pues tenían que ir a trabajar, vivían en otras provincias y no querían arriesgarse a perder la posibilidad de unirse al pacto, ya que finalmente se les rebajó la pena a 23 meses y medio de cárcel. Los seis meses de juicio se redujeron a pocos días y, en principio, se iba a suspender la entrada en prisión de los implicados.

Poco más de un centenar se conformaron, nueve fueron absueltos y más de treinta estaban huidos de la Justicia. Sin embargo, el problema reside en la indemnización de 2,8 millones de euros, que debían pagar conjunta y solidariamente entre todos los implicados. Por ello, y pese a que en teoría los sentenciados podían acogerse al beneficio de la suspensión de la condena, la Audiencia Provincial se negó a ello, con el apoyo de la Fiscalía, debido a que además de no tener más de dos años de cárcel y carecer de antecedentes, los implicados debían haber satisfecho la responsabilidad civil salvo que se les declarase insolventes.

Uno de los letrados dice que su cliente siempre ha querido reparar el daño causado, pero no pagó porque no tiene trabajo ni bienes, como muchos de sus compatriotas. Ante ello, muchos abogados pidieron la sustitución de las penas por trabajos en beneficio de la comunidad, lo que también se ha rechazado por la Audiencia.

Ahora, piden la medida de gracia basándose «en el exceso del castigo impuesto», y, asegura uno de los juristas, «se adjunta copia de la sentencia donde claramente se recoge que el hecho de entrar en prisión es solo y únicamente por no contar con dinero para hacer frente a la indemnización habiendo un auto de insolvencia».

Y añade el jurista: «No puede pasar inadvertido que la situación que vive España en estos momentos no justifica el impago de la indemnización por parte de mi cliente pero sí se sabe que, ante la imposibilidad de encontrar trabajo, no puede hacer frente a la indemnización, motivo por el cual no se le concedió la suspensión de la condena». Por ello, indica, su cliente sí puede reparar el daño causado con trabajos en beneficio de la comunidad, ya que pasó más de ocho meses en prisión.

Fuentes judiciales señalaron a este periódico que las peticiones de indulto, que ahora tendrá que estudiar el Ministerio de Justicia para decidir si las lleva al Consejo de Ministros, son idénticas en decenas de casos, ya que muchos de los nigerianos condenados en el proceso están representados por tres bufetes de abogados. Las víctimas de las estafas fueron en su mayoría extranjeros y la cuantía de la misma roza los tres millones de euros.