La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga tiene previsto juzgar, desde las 10.00 horas de hoy, a una organización dedicada presuntamente al narcotráfico. Entre los 40 acusados hay varios guardias civiles del Equipo de Delincuencia Organizada (EDOA) del Instituto Armado, un exjefe de la unidad en Málaga y un sargento incluidos. En total, se han previsto 48 sesiones, pero este juicio ya fue suspendido el pasado 26 de enero.

El fiscal considera que los encausados cometieron los presuntos delitos de encubrimiento, revelación de secretos, robo, proposición para cometer delitos de tráfico de drogas, contra la salud pública, cohecho y blanqueo. Además del teniente y el sargento, hoy se sentarán en el banquillo de los acusados otros tres agentes y algunos traficantes y colaboradores.

El teniente se enfrenta a 30 años de prisión más inhabilitación por ilícitos tales como revelación de secretos, contra la inviolabilidad del domicilio, contra la salud pública o malversación de caudales. Al sargento se le piden más de 55 años de prisión, ya que a los anteriores se unen los delitos de blanqueo de capitales o cohecho. El acusador público habla de operaciones de narcotráfico en Marbella y Málaga en las que habrían tenido alguna participación estos dos exjefes del EDOA.

En algunos casos, siempre según la Fiscalía, contactaban con personas que iban a robar alijos de drogas y habrían permitido que se quedaran con parte de la sustancia. Asimismo, el ministerio público indica que el sargento acusado supuestamente colaboraba con miembros de redes que introducían en el país la droga desde Marruecos, en concreto aportando seguridad a las transacciones.

El fiscal añade que el exjefe del EDOA tenía presuntos contactos con confidentes y considera que les avisaba de las investigaciones que realizaban los diferentes cuerpos policiales, además de que impedía que las pesquisas continuaran. Las grabaciones telefónicas habrían desvelado que el encausado «controlaba» al menos una de las operaciones de droga.

El ministerio fiscal relata el interrogatorio «a solas» de un arrestado, preguntándole cuánto dinero tenía en su domicilio. Luego, lo habrían desplazado a su casa, antes de que el juez autorizara un registro legalmente, haciéndose con 40.000 euros que allí había.

Acción popular

También ha presentado acusación la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que acusa además a un antiguo capitán de la Guardia Civil contra el que la Fiscalía no ha presentado cargos. La acción popular cree que habría participado en una de las operaciones.

Así, en ese escrito se alude a la intervención presuntamente ilegal de los mandos de la Guardia Civil y de los agentes encartados en relación con intervenciones u operaciones antidroga llevadas a cabo en Málaga por redes que actuaban supuestamente «en connivencia» con los guardias civiles y a las que estos daban cobertura.

Para el capital, la AUGC solicita nueve años de prisión por delitos contra la salud pública y falsedad en documento oficial. Para el teniente, exjefe de la EDOA, solicitan un total de 54 años de cárcel, multa y su inhabilitación profesional. Para otro de los acusados, la misma parte solicita en total 97 años de prisión.

La acción popular encarnada por la AUGC entiende que de las investigaciones practicadas se desprende que los acusados daban cobertura de seguridad a determinados grupos de narcos, «prevaliéndose de su cargo».

El juicio arrancará hoy con las cuestiones previas, aunque es posible que declare alguno de los 40 acusados.