Mucha expectación había a primera hora de ayer en la Ciudad de la Justicia para asistir al juicio, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, de la antigua cúpula antidroga de la Guardia Civil en Málaga. Había acusados seis agentes, entre ellos el teniente y jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), y un sargento de la misma unidad. La sorpresa saltó cuando la Sala confirmó los rumores que recorrían los pasillos como la pólvora: el sargento, un elemento clave del proceso, no se presentó a la cita.
El funcionario se enfrentaba a 55 años de cárcel, y es, según el fiscal, «un elemento esencial» de la trama. Por ello, no pudo iniciarse el plenario. La Sala emitió una orden de busca y captura nacional e internacional, ya que se teme que haya abandonado el país. Su ausencia fue profusamente comentada por algunos abogados antes de entrar a la ya mítica sala cuatro del palacio de Justicia, donde se han celebrado juicios tan trascendentales como Malaya, Minutas o Pantoja.
Fuentes del caso explicaron que el sargento no se habría presentado en las dos últimas ocasiones a firmar en el juzgado y se teme que haya hecho gestiones para obtener un pasaporte, algo que no confirmaron fuentes oficiales a este periódico.
Así, la Sala acordó su ingreso inmediato en prisión. El juicio se pospuso para el 14 de octubre, día en el que se estudiarán las cuestiones previas -afecciones a derechos constitucionales- planteadas por las defensas. Tampoco se presentó un segundo acusado, aunque su hermano explicó que está enfermo en el hospital, por lo que se va a tratar de localizarlo antes de decretar su busca y captura.
El exjefe del EDOA, por su parte, se enfrenta a más de treinta años de prisión por ilícitos tales como revelación de secretos, inviolabilidad del domicilio, contra la salud pública o malversación de caudales.
El fiscal cree que ambos funcionarios participaron supuestamente en dos operaciones contra el tráfico de drogas en las que contactaron con personas relacionadas con bandas organizadas para robar alijos de sustancias estupefacientes de forma que sus socios se quedaran una parte del cargamento. Ello se desprende fundamentalmente de las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente por parte del juez de instrucción.
En su escrito provisional, la Fiscalía acusa a 40 personas por dieciséis hechos delictivos diferentes. Así, el ministerio público describe varias operaciones contra el narcotráfico en Málaga y en Marbella.
La Fiscalía cree que el sargento acusado colaboraba con personas de redes que introducían droga desde Marruecos, dando «cobertura y seguridad»; mientras que respecto al teniente, señala que tenía contactos con confidentes y lo acusa de que supuestamente les avisaba de investigaciones de otros cuerpos policiales.
En total, hay 40 acusados, entre ellos una abogada, presuntos traficantes y supuestos confidentes, según se relata en el pliego de cargos de la Fiscalía Antidroga malagueña.
El ministerio fiscal relata el interrogatorio a «solas» de un arrestado, preguntándole cuánto dinero tenía en su domicilio. Luego, lo habrían desplazado a su casa, antes de que el juez autorizara legalmente el registro, haciéndose alguno de los agentes implicados con 40.000 euros que había en el domicilio, siempre según el fiscal en su escrito de conclusiones.
También ha presentado acusación la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que implica en estos hechos a un antiguo capitán de la Guardia Civil, contra el que el fiscal, por otro lado, no ha presentado cargos. La acción popular considera que habría participado en una de las operaciones.
Así, en ese escrito se alude a la presentación presuntamente ilegal de los mandos de la Guardia Civil y de los agentes encartados en relación con intervenciones u operaciones antidroga llevadas a cabo en Málaga por redes que actuaban supuestamente «en connivencia» con los funcionarios y a las que éstos daban cobertura.
Para el capitán, la AUGC solicita nueve años de prisión por delitos contra la salud pública y falsedad en documento oficial. Para el teniente, exjefe de la EDOA, solicitan 54 años de prisión, multa e inhabilitación profesional. Para otro de los acusados, la misma parte solicita 97 años de cárcel.
La acusación popular encargada por la AUGC entiende que de las investigaciones practicadas se desprende que los acusados daban cobertura de seguridad a determinados grupos de narcos, «prevaliéndose de su cargo».
Este juicio se ha suspendido ya en dos ocasiones anteriores, pero en su día se trató de una de las investigaciones de mayor entidad realizadas por una Fiscalía Antidroga en España.
