Tribunales

Málaga registra 193 casos de corrupción en el sector público durante 2014

La memoria de la Fiscalía Superior andaluza refleja la existencia de 31 casos por prevaricación, seis por soborno y 13 por malversación – El fiscal jefe de la comunidad pone a la provincia como ejemplo del continuo nacimiento de casos graves

15.09.2015 | 05:00
Imagen del caso Malaya, el mayor sumario de corrupción judicial de la historia española.

Las claves

  • Corrupción En 2014 se incoaron 193 diligencias previas en los juzgados de la provincia por delitos sobre «comportamientos corruptos en el sector público». Ello supone la apertura de 21 procedimientos por prevaricación, 13 por malversación y seis por soborno, entre otros.
  • Del homicidio y sus formas Los homicidios culposos y dolosos, el asesinato y el auxilio e inducción al suicidio se situaron en 2014 en 59 casos, un 27% menos que en 2013, cuando se contabilizaron 81.
  • Libertad sexual Los delitos de este apartado (agresión sexual, abuso, acoso, exhibicionismo, prostitución, pornografía infantil, corrupción de menores) dieron en 2014 lugar a la formación de 496 causas penales frente a los 473 procedimientos en 2013, lo que supone un crecimiento del 4,9%.

­La Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía refleja que en 2014 se dieron en Málaga 193 casos por delitos «sobre comportamientos corruptos en el sector público», lo que supone un descenso del 19,2% en relación a los 239 de 2013. Sin embargo, el fiscal jefe de la autonomía, Jesús García Calderón, volvió a poner ayer como ejemplo a esta provincia del continuo nacimiento de «casos graves», aunque añadió a Cádiz y Sevilla en la ecuación.

Así, durante la presentación de la memoria, llamó a combatir la corrupción en la comunidad, «donde lamentablemente los casos han seguido incrementándose, convirtiéndose en una lacra social que rompe los cimientos de nuestra sociedad y pone en serio peligro sus valores constitucionales y democráticos».

Los delitos contra la Administración Pública son la prevaricación, la infidelidad en la custodia de documentos, la violación de secretos, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación y el fraude, de los que en 2013 se incoaron 193 procesos.

El detalle por delitos en 2014 es el siguiente: se tramitaron 31 procedimientos penales por delitos de prevaricación administrativa, seis por cohecho y otros 13 de malversación de caudales públicos. En 2013, se tramitaron 26 procedimientos penales por prevaricación, nueve por cohecho y 12 por malversación de caudales.

La evolución a lo largo de los últimos años en cuanto a casos de corrupción es la siguiente: 91 en 2010, 38 en 2011, 114 en 2012, 239 en 2013 –el techo– y 193 en 2014. García Calderón destacó que se investigan casos de corrupción en todas las provincias andaluzas. «Estos casos se refieren a actuaciones irregulares en las que tienen lugar fraudes numerosos o masivos que afectan, especialmente, a múltiples actuaciones de la Administración autonómica», dijo, en clara referencia al caso de los fondos de formación para desempleados o al asunto de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Además, insistió, sigue comprobándose la existencia de «casos graves» en otras administraciones –ayuntamientos y diputaciones– y en todas las provincias, «principalmente en Cádiz, Málaga y Sevilla».

El fiscal apunta a varias causas generadoras de la corrupción: la falta de control administrativo, presupuestario o contable, lo cual propicia la corrupción política y financiera y dificulta su descubrimiento. A ello se suma la falta de transparencia y de información contrastada en la contratación y el gasto público, junto a una escasez de los medios materiales y humanos y una deficitaria coordinación institucional para perseguir esta lacra.

Para García Calderón es imprescindible un nuevo Código Procesal penal que dote de eficacia a la instrucción y permita agilizar su tramitación. De hecho, sostiene que «en sus manifestaciones más graves y persistentes, la corrupción política y financiera participa de las características propias del crimen organizado», y, para perseguirlas, han de usarse «nuevas herramientas del Derecho Comparado».

El fiscal superior andaluz aboga por hacer un seguimiento completo a los casos, pide que se vigile especialmente la ejecución de las sentencias firmes y la recuperación del dinero. Esta «lacra» hay que combatirla de un modo «colectivo y coordinado».

En total, la criminalidad en Málaga cae un 20,5%, hasta las 205.243 diligencias previas, lo que se explica por la disparidad de fuentes utilizados para medir este índice.

Llama la atención la caída del 27% en relación a los delitos de homicidio doloso y culposo, asesinato y el auxilio e inducción al suicidio. De esta forma, se contabilizaron 59 en 2014 frente a los 81 de 2013; suben las lesiones, lesiones por accidente laboral, lesiones por tráfico, lesiones imprudentes, el maltrato familiar y las riñas, un 4,9% en relación a 2013, hasta los 56.740 casos.

Los delitos contra la libertad sexual (agresiones y abusos, amén de pornografía infantil) dieron lugar a 496 causas penales, un 4,9% más, mientras que el maltrato familiar cae un 11,7%, hasta los 3.194 expedientes.

Por otro lado, los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (hurtos, robos, extorsión, estafas, apropiaciones indebidas, societarios y blanqueo, etcétera...) se situaron en 2014 en 42.520 casos, una cifra «errónea» que la Fiscalía atribuye a disfunciones informáticas. Los ilícitos contra la Justicia –acusación y denuncias falsas, por ejemplo– caen un 18,7%, hasta los 1.397 procedimientos incoados el pasado ejercicio.

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