El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el decreto ley que permitirá la integración de los consorcios escuelas de formación en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), una fórmula con la que quiere garantizar el futuro de estos centros, que este curso impartirán formación a casi 5.000 personas en toda la comunidad y que durante los últimos tiempos han atravesado todo tipo de penalidades económicas, incluida la falta de pago a sus trabajadores. Se cierra así un tormentoso proceso iniciado en octubre de 2014, cuando comenzaba la disolución de los consorcios con la idea originaria de pasarlos a la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (Apaef). En el decreto aparecen diez escuelas consorcios andaluzas con un total de 167 trabajadores, entre ellas La Cónsula de Málaga y La Fonda de Benalmádena, pero no el CIOMijas, algo que provocó las críticas del alcalde de este municipio, Juan Carlos Maldonado, y del PP.

Fuentes de la Junta explicaron a este periódico que esta ausencia obedece a la «peculiar» situación administrativa del CIOMijas, donde hay otorgada una concesión a unos socios privados que expira a final de año y que impide por ahora su integración el SAE. Según estas fuentes, se está buscando una «fórmula jurídica» que permita este engarce «lo antes posible», ya que la voluntad de la Junta es que el CIO siga el mismo camino que el resto de escuelas. El abogado asesor de la Junta en estos procesos de liquidación, José Carlos Aguilera, aseguró también que el hecho de que el CIOMijas no figure en el decreto «no lo excluirá en absoluto» de su integración el SAE, aunque ofreció una explicación algo diferente. Según dijo, el proceso de liquidación del CIO marcha algo más retrasado y su consejo rector aún no ha manifestado su voluntad de ceder sus activos y pasivos el SAE, algo necesario para entrar en el proceso. Aguilera, que cree que el decreto «despeja incertidumbres» en torno a las escuelas, calculó que el proceso para la integración del CIO frutificará con el fin de la concesión a los socios privados, que expira el 19 de diciembre.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, aseguró ayer en Sevilla que en octubre la mayoría de los consorcios estarán integrados en el SAE y funcionando. También dijo que la Junta aprobará una modificación presupuestaria con la que se hará frente al funcionamiento de estos centros y a la deuda contraída con los trabajadores, a los que se les debe entre cuatro y catorce meses de salarios, dependiendo del consorcio. En el caso de La Cónsula y La Fonda, los salarios se adeudan desde mayo. La Junta detalló que el presupuesto anual de la red de consorcios escuelas de formación para el empleo -participados por la Junta y los ayuntamientos- asciende a unos 12 o 13 millones de euros.

Tras la aprobación del decreto ley, el SAE se subrogará tanto en los bienes, derechos y obligaciones de sus activos y pasivos. Previamente, cada consorcio deberá aprobar un proyecto de cesión global, que, tras el informe favorable de la Consejería de Hacienda, el SAE aceptará y se publicará en el BOJA. El consejero dijo que no cree que haya impedimentos para la integración, aunque aclaró que los ayuntamientos tendrán que asumir su parte proporcional de responsabilidad en la liquidación de los consorcios de empleo.

El titular de Empleo apuntó que el SAE va a asumir tantos los activos como los pasivos de los consorcios y garantizó que existirán «todos los controles» para que no se dé ningún tipo de «irregularidad» en un futuro.

El decreto ley recoge además las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía para que la red de consorcios deje de sustentarse económicamente en una subvención anual de la Junta y, por eso, la Junta incluirá una partida presupuestaria para ese fin.

El consejero opinó que con este decreto se ha dado un «paso decisivo para culminar la integración» de la red de consorcios de formación para el empleo en el SAE, que se inició hace un año con la integración de algunos en la Apaef, dependiente de la Consejería de Educación. En ese año unos cinco o seis consorcios han llevado a cabo su liquidación, lo que les agiliza la integración en el SAE. El resto seguirá los mismos pasos y sus trabajadores pasarán a ser personal laboral del SAE.

La norma justifica la «extraordinaria y urgente necesidad» requerida para su tramitación como decreto ley por la «inestable situación financiera» que atraviesan los consorcios y la «incertidumbre sobre la continuidad» de su actividad. Con esta cobertura jurídica, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio podrá adoptar las soluciones necesarias como titular de las competencias en Formación Profesional para el Empleo, que en la pasada legislatura ostentaba Educación.