El equipo de gobierno nombrará a un interventor para presidir la comisión de control, que debe analizar la gestión de Limasa en los últimos años, según anunció ayer el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez. El edil explicó que el nombramiento de un técnico cualificado y funcionario garantiza que la comisión actue con independencia y obtenga resultados satisfactorios.

El interventor, que será nombrado por la junta de gobierno, estará ayudado por otros funcionarios cualificados, especialmente del área de Economía. A ellos se unirán representantes de los grupos municipales, comité de empresa y otros colectivos implicados en la actividad de Limasa.

En la comisión de Medio Ambiente, Jiménez fue interpelado por la concejala del PSOE Begoña Medina acerca del viaje realizado por el concejal a diversas capitales españolas para conocer sus servicios de limpieza, viaje que fue pagado por varias empresas, entre ellas Fomento de Construcciones y Contrata (FCC), que forma parte del accionariado de Limasa.

Jiménez restó importancia a las críticas recibidas por el PSOE y el resto de la oposición, que han considerado una «indecencia política» que el viaje fuese costeado por empresas privadas interesadas en el servicio de limpieza.

Jiménez negó que existiese intencionalidad alguna en el pago del viaje por parte de las empresas privadas. «Simplemente hay empresas que se ofrecieron a enseñarnos sus instalaciones y sus modelos de gestión y aceptamos», dijo, y añadió que tanto él como el resto del personal que le acompañó «nos pegamos una paliza pues visitamos 6 capitales en un día, de Granada a Barcelona. Fue un viaje para aprender y a cara de perro».

Por su parte, la socialista Begoña Medina fue muy crítica con este asunto y señalo que «nos parece muy grave que empresas que tienen relación contractual con el Ayuntamiento en materia de limpieza y que pueden volver a tenerlo, ya que en un año se decidirá si se renuevan los contratos o se sacan a concurso, estén asumiendo pagos en especie a concejales y cargos del Ayuntamiento».

Medina añadió que «la actividad pública y profesional de los concejales debe ser transparente y el PP ha escogido el camino de la opacidad, algo que dificulta la fiscalización de los partidos de la oposición y escapa a los criterios de buen gobierno y de transparencia exigidos por la ciudadanía».

En la misma línea crítica se pronunciaron el resto de grupos de la oposición, que denigraron el método empleado por el PP para conocer el funcionamiento del servicio de limpieza en otras ciudades.