Tribunales

La suspensión de 3.631 juicios penales en 2014 costó al erario público 4,7 millones

Cada vista menor cuesta 1.300 euros – En 2014 se suspendieron en la capital, sin las faltas, 3.631 procesos de este tipo, casi la mitad de los 7.386 celebrados

17.09.2015 | 05:00
Imagen de un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Málaga.

Un juez dice que el protocolo de actuación de los abogados ante las disfunciones no es una norma

­Lo calcularon los jueces decanos españoles en su reunión nacional de 2011, que tuvo lugar en Vitoria: «Actualmente se estima que el coste medio de un procedimiento de este tipo ronda los 1.300 euros». Estos togados, que son el termómetro más fiable de la realidad judicial española, se referían a juicios menores, es decir: los de faltas o los verbales de Civil. En 2014 se suspendieron en la capital 3.631 juicios en los Juzgados de lo Penal y en la Audiencia Provincial –datos de la Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía–, excluyendo las faltas, lo que supone que, tomando como referencia ese dato, la no celebración de estos plenarios pudo suponer al erario público más de 4,7 millones de euros.

La cifra real es mucho mayor, puesto que esos 3.631 juicios suspendidos en los juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial son las vistas de mayor entidad, los procedimientos abreviados (causas castigadas con hasta nueve años de prisión), las diligencias urgentes y los sumarios (para los delitos más graves). Además, si se usan otras estimaciones, el dinero que cuesta cada juicio es muy superior. La Unión Europea, según la Asociación Madrileña de la Mediación, estima que cada vista, por pequeña que sea, supone un desembolso medio de 3.000 euros para las arcas públicas, en palabras de su presidenta, Ana Criado. Es decir, que si se multiplica esta cifra por los juicios penales que no se celebraron –3.631–, la pérdida de dinero público es de 10,8 millones de euros en Málaga en 2014. Y, aun así, la cuantía real es mucho mayor, puesto que es habitual que muchos macroprocesos de la Audiencia Provincial tengan más de cinco acusados –en algunos asuntos de narcotráfico la media es de veinte–, y se prolongan semanas o meses –Malaya se prolongó durante 200 sesiones–.

En esa reunión de Vitoria, los decanos propusieron estudiar el coste real de los plenarios, es decir, un análisis serio liderado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): «Sería conveniente un estudio lo más exhaustivo posible acerca del coste económico de los procesos judiciales, en especial los de menor cuantía, teniendo en cuenta también el coste social del asunto (tiempo perdido por testigos, policías, peritos), y ello porque es necesario concienciar a los ciudadanos del enorme lastre que significa para el Estado y para la sociedad misma el tramitar asuntos de escasa entidad en los juzgados que además privan al juez de un tiempo precioso para otros asuntos de mayor relevancia. Actualmente se estima que el coste medio de un procedimiento de este tipo ronda los 1.300 euros». Del estudio propuesto, no ha habido noticia, lo que impide saber qué ha costado al erario público un juicio de dos años como Malaya, o como Minutas o el caso Pantoja.

Evidentemente, la causa principal es la sobrecarga de trabajo que sufren los juzgados malagueños. En una reciente entrevista, el juez decano de Málaga recordaba que en la Ciudad de la Justicia se celebran cada ejercicio en torno a 50.000 juicios –en todas las áreas–.

Las suspensiones en Málaga supusieron casi la mitad de los juicios penales de mayor entidad que sí se celebraron en 2014 (7.386). De cualquier forma, el año pasado se suspendieron un 8,8% menos de juicios en los juzgados de lo Penal que en 2013, y en la Audiencia Provincial, un 15%. En diciembre de 2012, se pactó impulsar acuerdos previos para ahorrar costes, y la mediación comienza a ser habitual en los tribunales malagueños, pero queda mucho por hacer. La sobrecarga de trabajo es tal que los juzgados de lo Penal tenían en 2014 casi 20.400 sentencias sin ejecutar, un 1,8% más que en 2013. Los juzgados no dan abasto.

Además, las reformas pendientes: informatización de la Justicia, la Nueva Oficina Judicial, agilización procesal, no terminan de llegar. El 1 de enero de 2016, en teoría, las notificaciones han de ser exclusivamente por vía digital, algo que parece difícil. Todo ello se enmarca en la reciente polémica entre los abogados, que denunciaban los retrasos, y los jueces, que hablaban de un porcentaje mínimo de problemas en comparación con un volumen de asuntos judiciales tan importante como el de Málaga.

Hace unos meses, un juez de la capital multó con 600 euros a un abogado que, tras esperar 55 minutos a que se celebrara un juicio señalado a las 12.00 horas, tuvo que ir a atender otros compromisos profesionales. Alegó que actuaba bajo el amparo del protocolo de actuación del Colegio de Abogados de Málaga ante las disfunciones policiales y judiciales, aprobado bajo el mandato del actual decano, Francisco Javier Lara, pero el togado, pese a ello, le impone la sanción y asegura que ese protocolo «carece de carácter normativo alguno», y acusa al letrado de «tirar por tierra todo el trabajo de la oficina judicial». Es la primera sanción de este tipo en el último año.

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