La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), ha recibido ya la comunicación oficial de Sando, Azvi y Cajamar, accionistas de la sociedad Metro de Málaga, que reúnen un 39,4 por ciento del capital, informando del acuerdo de venta de sus títulos al fondo de inversión australiano Macquarie Group y a la sociedad de capital riesgo francesa InfraVia. Tal y como ha garantizado el Gobierno andaluz, la prestación del servicio se desarrollará siempre bajo los parámetros de «calidad, fiabilidad, regularidad y seguridad».

Siguiendo el trámite previsto en los estatutos sociales de la concesionaria, así como en los pliegos y contrato de concesión, se habilita a partir de esta fecha un periodo para el ejercicio de tanteo, también denominado de opción preferente de adquisición por parte de AOPJA, titular del 23,6 por ciento de las acciones de Metro de Málaga.

En relación con esta operación, la Consejería de Fomento y Vivienda, como administración responsable del metro, insistió ayer en que su prioridad y compromiso consiste en «velar» por el hecho de que la prestación de este servicio de transporte cumpla con «los parámetros de calidad, fiabilidad, regularidad y seguridad que se establecen en los pliegos contractuales, independientemente de los cambios en la composición accionarial que puedan surgir en cada momento».

La AOPJA ejerce esta tutela y control, a través de «una exhaustiva inspección del servicio», de acuerdo a los pliegos de la concesión y a los documentos contractuales y al plan de explotación del metro, aprobado por la Administración concedente, tal y como indicó a Europa Press la Consejería de Fomento y Vivienda.

Para ello, la AOPJA dispone de un equipo de inspección, seguimiento y análisis de diversos índices de calidad en la prestación del servicio para verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos, a los que se condicionan las liquidaciones de la Administración a la concesionaria en concepto de subvención de explotación.

La Consejería de Fomento y Vivienda, que analizará los términos de la oferta en virtud de las disposiciones contempladas en los estatutos sociales y en el contrato de concesión, garantiza, además, que el ejercicio de las potestades administrativas en esta concesión, como la fijación de tarifas o regulación del servicio, es «inalterable», independientemente de posibles cambios en el accionariado. Para la Consejería de Fomento, el interés de inversores internacionales por Metro de Málaga «refleja que la apuesta del Gobierno andaluz por esta infraestructura de transportes está sustentada en un modelo solvente y de retorno social y económico probado».